Luego de haberse conocido la noticia de que Jorge Teves, un funcionario de Mendoza, quedó inhabilitado por haber dado positivo en un control de alcoholemia mientras circulaba en un auto oficial, trascendió en las últimas horas que presentó la renuncia ante el mandatario provincial, Alfredo Cornejo. Se trataba del titular del organismo que controla el transporte público.
Uno de los últimos cargos que había asumido Teves en el Gobierno, era en el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) cuyas responsabilidades eran la regulación y fiscalización del transporte en todos modos y medios, a concesionarios, permisionarios y habilitados, y la protección adecuada de los derechos de los usuarios del transporte, entre muchas otras.
Anteriormente, se había desempeñado en la Municipalidad de Godoy Cruz cuando Cornejo era intendente, luego cumplió tareas como senador provincial por la Unión Cívica Radical (UCR) y, desde el 2020, estaba al frente del EMOP llevando a cabo la planificación del transporte en la provincia.
El pasado 17 de enero, mientras circulaba en un Nissan Frontier a nombre de la gobernación, fue detenido por un control de tránsito en la localidad de Godoy Cruz. Cerca de las 3 de la mañana se le realizó un test de alcoholemia en la avenida San Martín Sur, cerca de la calle Río Plomo, y el resultado arrojó 1,2 gramos de alcohol en sangre. Se trata de un porcentaje muy superior al doble del límite permitido en la provincia, que es de 0,5 gramos.
En consecuencia, le aplicaron una multa de 6.000 Unidades Fijas (UF), equivalentes a $2.520.000. Además, se le retuvo el carnet, por lo que quedó inhabilitado para conducir hasta el 16 de mayo, y se le retuvo el auto (al tratarse de un automóvil oficial, no fue secuestrado). La sanción estuvo determinada por el Juzgado Contravencional N°1 de la Primera Circunscripción, a cargo del juez Guillermo Lorca.
A su vez, el Ejecutivo informó, a través de la red social X, la aceptación del documento formal presentado por Teves, acompañado por la imagen del documento.
“Considero importante aclarar que he cometido una falta contravencional que horada la responsabilidad que debe tener un Funcionario Público, aun no siendo un delito. Tengo claro el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno Provincial para combatir el flagelo que genera este tipo de situaciones”, comenzó diciendo el ahora ex funcionario.
“Toda acción de esta índole debe tener una sanción específica, y así fue como se aplicó en mi caso con una multa económica alta y la inhabilitación para conducir por 120 días. Además, estuve privado de la libertad hasta las 6 de la mañana”, señaló en el mismo párrafo en donde remarcó su detención.
Si bien Mendoza no cuenta con una ley de tolerancia cero al alcohol en la conducción, endureció las sanciones a finales de 2024, a través de la Ley 9559. La normativa vigente impone multas de entre 4.000 y 11.000 UF, lo que equivale a montos que van desde los $508.000 hasta $1.397.000. Además, contempla penas de hasta 120 días de arresto y la inhabilitación para conducir por períodos que pueden extenderse hasta 545 días.
La normativa impone penas más severas que incluyen multas de hasta 1.397.000 pesos y arrestos de hasta 120 días. Mientras que las inhabilitaciones para conducir pueden extenderse hasta 545 días y deben cumplirse obligatoriamente, el pago de la multa no exime ni reduce la duración de la pena.
La legislación vigente estipula que toda persona sancionada con la inhabilitación para conducir deberá cumplir con esa restricción sin excepción, sin posibilidad de reducir su duración mediante el pago de una multa. Esto significa que el abono de la sanción económica no altera ni acorta el tiempo de prohibición para manejar.
Adicionalmente, se concede a los jueces la potestad de establecer, según lo ameriten las circunstancias del caso, la obligación de asistir a cursos orientados a la educación vial, la concientización sobre los riesgos del consumo de alcohol al volante o la conducción responsable. De esta manera, la ley no solo busca sancionar a quienes infringen los límites de alcoholemia permitidos, sino también fomentar un cambio de comportamiento a través de la formación y la prevención.
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