La paritaria clave que condiciona el diálogo Gobierno-CGT y el inesperado factor que juega en contra de la paz sindical

¿Comenzará por fin el diálogo entre el Gobierno y la CGT? Desde el 19 de noviembre pasado, cuando la mesa chica cegetista decidió negociar con el oficialismo y descartar nuevos paros generales, no se produjo ninguna reunión entre ambas partes y todavía no hay fecha para que se concrete. Existe, en cambio, una clara sensación: la convocatoria libertaria y la aceptación sindical dependen hoy de que se homologue la paritaria de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera Héctor Daer, cotitular de la CGT, cuestionada por el ministro de Economía, Luis Caputo, porque supera la pauta del 1% mensual.

El 23 de octubre pasado, el titular de Sanidad firmó con las cámaras del sector un 11,4% de aumento salarial para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6%), que ya pagó en la mayoría de las clínicas, sanatorios, geriátricos, institutos médicos, servicios de internación domiciliaria y hospitales de colectividades, pero la Secretaría de Trabajo se niega a convalidarlo.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, habló con Daer y con los empresarios para tratar de cumplir lo que pidió Caputo: reformular el acuerdo firmado con números más bajos como condición para poder homologarlo. El sindicalista se niega a hacerlo y por eso es la paritaria que ocasiona más tensiones en estas horas. De su resultado depende nada menos que la suerte del diálogo entre el Gobierno y la CGT, según admitieron a Infobae fuentes oficiales y sindicales.

Sindicalistas de Sanidad y empresarios tienen previsto reunirse en febrero para empezar a hablar de la revisión salarial en caso de desfase inflacionario. Y en el equipo de Cordero apuestan a encarrilar en ese momento la paritaria cuestionada para destrabar, de paso, la negociación Gobierno-CGT.

Por eso en los dos sectores imaginan que recién en la segunda quincena de febrero o marzo se podría efectivizar la demorada reunión entre funcionarios libertarios, dirigentes cegetistas y empresarios del Grupo de los Seis convocada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La idea es definir políticas a futuro, aunque Cordero quiere aprovechar para plantearle a la CGT un nuevo esquema de negociación salarial para una época de poca inflación, como anticipó Infobae. Más que una recomposición por el costo de vida, que perdería peso específico por la baja del costo de vida, la Secretaría de Trabajo estimulará a sindicalistas y empresarios a discutir eventuales mejoras en función del aumento de la productividad e incluso a cerrar convenios por empresa.

En la CGT no causa inquietud por la discusión por productividad, pero los convenios por empresa, si bien están contemplados en la Ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo e incluso en el Gobierno aseguran que hay más cantidad de convenios colectivos a nivel de empresa que de actividad, son mala palabra para los sindicalistas: en la práctica, la descentralización de las paritarias les quita poder de negociación y le da más fuerza a los delegados, aunque la ley obliga a que “la representación esté a cargo del sindicato cuya personería gremial los comprenda”.

Antes de que comience el diálogo del Gobierno y la CGT, ya se perfila un conflicto de difícil resolución. Incluso habrá otro frente de tormenta si el Ministerio de Economía insiste en imponer un corsé del 1% o aún menor (¿0,5% para abril?) para los aumentos salariales del resto del año. Es cierto que conspira contra las quejas sindicales el hecho de que algunos gremios poderosos aceptaron la pauta salarial de Caputo, como Camioneros o la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En Trabajo valoran como un gesto hacia el Gobierno, o en favor de la estabilidad económica, que Hugo Moyano haya accedido a pasar de su reclamo inicial del 15% al 5,5% para el trimestre diciembre-febrero en tres tramos del 2,2%, 1,8% y 1,5%, apenas por encima del 1% que exige Economía. Y llama más la atención en el caso de la UOM, conducida por el kirchnerista Abel Furlán y justamente por ese alineamiento político era considerado un dirigente hostil por la administración mileísta.

Como Camioneros, el gremio metalúrgico bajó notablemente sus pretensiones salariales: el reclamo original era de una mejora del 18,71% para el período noviembre-marzo y terminó firmando un incremento del 12,3% en cinco tramos del 5,5%, 2%,1,8%, 1,5, y 1%. Para el Gobierno, fue una postura pragmática de Furlán, quien privilegió la conservación del empleo antes que una recomposición más importante que hubiera puesto en jaque a las pymes de la actividad.

El problema latente para la UOM es que sigue negociando con los empresarios desde septiembre pasado un aumento salarial para la rama siderúrgica, y a la persistente falta de acuerdo se sumará ahora la presión de Trabajo para que se firme en valores menores al convenio del 18,71%: “En la siderurgia se pagan mejores sueldos, por lo que en el tramo de noviembre debería ser más parecido a la inflación de ese mes, que fue del 1,4%”, deslizaron en el entorno de Cordero.

Si bien en la Casa Rosada celebran que Hugo Moyano y Abel Furlán se hayan alineado con la política salarial, admiten que puede haber dirigentes rebeldes que se resistan a adaptar sus números a la inflación descendente por un factor condicionante: este año irán a elecciones unos 20 sindicalistas poderosos (como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Luis Barrionuevo y Sergio Palazzo, entre otros) y, además, en noviembre se realizará el congreso de la CGT para elegir sus nuevas autoridades.

Este combo electoral, según temen los funcionarios, puede producir una sobreactuación de los reclamos por parte de los dirigentes para asegurarse el apoyo de los afiliados en sus gremios. Obviamente, adherir sin pelea alguna a la pauta salarial a la baja que quiere imponer el Gobierno puede ser “piantavotos”.

De la misma forma, por más que siga siendo mayoritario el sector dialoguista, la CGT que viene también tendrá un perfil autónomo del oficialismo, sobre todo cuando hay riesgo de que un triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas le aporte la fuerza suficiente en el Congreso para avanzar con proyectos que profundizan la reforma laboral o consagran cambios en el modelo sindical (como la prohibición de la reelección perpetua, la eliminación de la cuota solidaria -léase la gran caja sindical- y los fuertes controles en la administración de los fondos).

Por eso el componente electoral de 2025 tanto en los sindicatos como en el plano nacional interferirá en el diálogo del Gobierno y la CGT, aunque los dirigentes saben que, por más pauta del 1% que existe, hay una ley no escrita que hoy favorece a Milei: la mejor política salarial posible es bajar la inflación. ¿Se acomodarán los sindicalistas a esta nueva etapa de manera civilizada o se mantendrán aferrados a sus viejos libretos confrontativos para tratar de retener o ampliar el poder? Todas las dudas empezarán a disiparse en febrero a partir de la paritaria de Sanidad, que inesperadamente terminará siendo más decisiva que la de Camioneros, la UOM o cualquier otro sindicato.