El gobierno de Kicillof lanzó auditorías sobre los juzgados de faltas municipales tras el escándalo por las fotomultas

La administración de Axel Kicillof, instó a más de 80 municipios de la provincia de Buenos Aires para que en un plazo de 72 horas informen y actualicen la cantidad de usuarios que tienen acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT). La decisión está atada a la causa que lleva la Justicia federal de Campana y por la cual está vinculado el exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien es investigado para determinar su eventual participación o no en un esquema de recaudación millonaria vinculado al sistema de fotomultas, donde presuntamente operaba un sistema paralelo de gestores.

Para avanzar sobre el ordenamiento interno, el nuevo ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, avanzó con la auditoría sobre los juzgados de faltas de los municipios que cuentan con el sistema de foto multas y tienen acceso al sistema de faltas provincial. Marinucci explicó que se ha detectado un número significativo de usuarios registrados en el sistema que supera la cantidad de jueces disponibles en cada distrito, lo que podría comprometer la eficacia y la transparencia del proceso de juzgamiento. En este contexto, el ministro envió una notificación a las comunas para que revisen y confirmen los accesos de los usuarios. En caso de no cumplir con el plazo establecido, los usuarios serán dados de baja del sistema.

El ministro adelantó que esta auditoría no se limitará a los juzgados municipales, sino que también se extenderá a los juzgados de faltas provinciales. Este enfoque integral busca garantizar que todos los actores involucrados en el sistema de infracciones operen bajo los mismos estándares de transparencia y eficiencia.

El caso de las fotomultas, como así también las concesiones para la explotación del sistema de la Verificación Técnica Vehicular, quedó en el ojo de tormenta cuando una denuncia del empresario Leandro Camani, presidente de Secutrans —que tiene la explotación en varios municipios de peso de la provincia— empezó a escalar. En ese momento, D’Onofrio se puso a disposición de la Justicia. El 30 de diciembre presentó su renuncia al Gabinete de Kicillof aduciendo motivos de salud. Desde hacía 10 días ya se sabía internamente que Marinuncci sería su reemplazo.

El caso sigue su curso en la Justicia. Como consignó Infobae, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, habilitó la feria judicial para avanzar en una prueba clave en España que puede llegar a estar relacionada con la causa. Como parte del trámite, el juzgado debe presentar una “descripción de la hipótesis investigada y su relación con el lavado de activos”. Esta documentación es fundamental para que las autoridades españolas puedan aportar la información requerida en el marco de la investigación que involucra al exministro Jorge D’Onofrio y su entorno. La decisión de González Charvay busca evitar mayores dilaciones en un caso que se encuentra en una etapa crítica.

Como contó Infobae, una de las primeras decisiones que resolvió Marinucci fue revisar el sistema de fotomultas. Por eso, la intimación a los distritos es una señal en ese sentido. El SACIT, herramienta clave en la gestión de infracciones de tránsito, permite a los municipios acceder a una base de datos centralizada para registrar y procesar las multas. Sin embargo, el reciente hallazgo de irregularidades en el número de usuarios registrados ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema. Según explicó Marinucci, cada usuario tiene asignados diferentes roles dentro del sistema, y el exceso de registros podría generar inconsistencias o vulnerabilidades en su funcionamiento.

Desde la cartera de Transporte bonaerense plantearon que la decisión de auditar los accesos al SACIT responde a la necesidad de garantizar que el sistema sea utilizado exclusivamente por personal autorizado y en cumplimiento con las normativas vigentes.

Además, con la llegada de Marinucci también hubo algunos cambios en la estructura interna del ministerio. Los funcionarios que quedaron imputados por la Justicia dejaron su cargo, al igual que D’Onofrio. El nuevo ministro —que llegó por como parte del acuerdo entre Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa— se rodeó de gente de su confianza para ocupar cargos sensibles como la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal y la de Política y Seguridad Vial. La administrativa quedó bajó la órbita de Patricio D’Angelo, quien fue director administrativo de AySA y mano derecha de Malena Galmarini durante su gestión en la empresa estatal prestadora de agua en el conurbano.

Mientras que Eduardo Feijoo será el nuevo subsecretario de Política y Seguridad Vial, tras haber ocupado el cargo de responsable de Seguridad Integral en Trenes Argentinos durante la presidencia de Marinucci, en el marco del gobierno de Unión por la Patria. Previamente, desempeñó funciones como secretario de Protección Ciudadana en Tigre.

En paralelo a las medidas administrativas, el Ministerio de Transporte continúa implementando operativos de fiscalización y seguridad vial en toda la provincia. Según informó la cartera, durante el último fin de semana se realizaron 2.033 controles vehiculares en localidades como Villa Gesell, Junín, Balcarce, Pinamar, San Clemente, Malvinas Argentinas, Tigre, Samborombón, Lezama, Lisandro Olmos, Hinojo, Maipú, Guaminí, Quequén, Tordillo, Mar del Tuyú y Valeria del Mar, entre otras.

Estos operativos resultaron en 178 infracciones, de las cuales 48 correspondieron a casos de alcoholemia positiva. Además, se llevaron a cabo inspecciones en 171 vehículos de transporte de pasajeros, lo que derivó en la emisión de 21 actas de infracción por incumplimientos en las normas de seguridad. Según explicaron desde Transporte, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para reducir los índices de siniestralidad vial en la provincia.