La (CIDH) emitió la Resolución 1/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín Gallo, ante la falta de información oficial sobre su paradero desde su detención el 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela.
El organismo señaló que el gendarme argentino, “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
De acuerdo a la información proporcionada por la CIDH, el Cabo Primero de la Gendarmería Nacional de Argentina fue apresado mientras intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su esposa venezolana y a su hijo de dos años. En ese momento, Gallo contaba con todos los documentos necesarios, incluyendo un pasaporte vigente y un pasaje de ida y vuelta, y planeaba alojarse en la residencia de su pareja durante su estadía. Sin embargo, tras una revisión de documentos., las autoridades del régimen bolivariano lo apartaron para realizarle una “entrevista”, le confiscaron su teléfono y lo dejaron incomunicado.
El último contacto de Gallo con su familia ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana de ese mismo día, cuando logró llamar a su esposa desde el teléfono de un taxista que lo había transportado previamente. En esa breve comunicación, el gendarme informó que estaba siendo trasladado para una segunda “entrevista”. Posteriormente, el taxista indicó que quienes lo llevaron fueron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes se identificaron mediante las siglas visibles en el vehículo oficial.
La CIDH destacó que, aunque altos funcionarios chavistas reconocieron públicamente que Gallo se encuentra detenido, no se dieron detalles sobre los motivos de su detención, los cargos que se le imputan, ni el lugar donde estaría recluido. Además, no se informó si recibió atención médica o si ha sido presentado ante un tribunal competente, lo que agrava la incertidumbre sobre su situación jurídica y física.
Según la CIDH, los abogados de Gallo en Venezuela fueron citados el 17 de diciembre de 2024 a la Fiscalía para obtener información sobre su paradero. Sin embargo, se les notificó que la denuncia por desaparición no procedería y no se les brindó información adicional. Intentos posteriores de presentar la denuncia en las oficinas centrales de la Fiscalía General en Caracas también fueron rechazados. Por su parte, la madre de la pareja de Gallo acudió a la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas, donde los funcionarios negaron que el detenido se encontrara en esa instalación.
El gobierno de Argentina calificó la situación como una desaparición forzada, señalando la negativa del régimen venezolano a proporcionar información sobre el paradero de Gallo, sus condiciones de reclusión y su estado de salud físico y psicológico.
En ese marco, la dictadura de Nicolás Maduro difundió fotos y videos del gendarme: en las imágenes se lo ve con una remera y un pantalón de color celeste claro, en una especie de playón y frente a una tribuna con tablones de madera. Los jerarcas venezolanos no brindaron precisiones del día ni del lugar en el que se tomaron. “Es él, son unos criminales”, respondió María Alexandra Gómez, la pareja que lo esperaba en Caracas, al ser consultada por Infobae sobre estas imágenes. “Puede ser la cárcel de El Rodeo”, apuntó la mujer.
Horas después, el gobierno argentino calificó como una pantomima el video y le exigió al régimen venezolano que libere a Nahuel Gallo.
“No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha”, planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo con Radio Mitre. “No existe una condición de mostrar que lo tienen bien, como si fuese un régimen normal, esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida”, remató.
La CIDH, por su parte, no recibió respuesta alguna de Venezuela respecto a las solicitudes de información. Y en su análisis concluyó que el caso cumple con los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en el artículo 25 de su Reglamento.
En ese contexto, la Comisión le exigió a Venezuela que adopte medidas inmediatas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Gallo. Entre las acciones requeridas, se incluye informar si Gallo se encuentra bajo custodia estatal, detallar las circunstancias de su detención, y precisar si ha sido presentado ante un tribunal competente. Asimismo, se exige que se permita la comunicación de Gallo con su familia y representantes legales, y que se garantice su acceso a las autoridades de su país de origen, Argentina.
La CIDH también instó a Venezuela a investigar los hechos que dieron lugar a la desaparición de Gallo y a implementar medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La Comisión subrayó que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, sino que busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales del beneficiario.
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