
La paritaria del Sindicato de Camioneros entró en una cuenta regresiva para resolverse, pero aún no se definió la primera reunión de gremialistas y empresarios dentro la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo. Ambas partes deben negociar durante 15 días desde que se dictó esa medida, el 20 de diciembre. Es decir, tienen tiempo hasta el 3 de enero, y el plazo puede prorrogarse 5 días más. Luego, si no se llega a un acuerdo, puede estallar un conflicto impredecible.
Las tratativas se empantanaron ante la negativa del Gobierno a homologar la última oferta salarial efectuada por las cámaras empresariales para el trimestre diciembre-febrero, que fue del 8% en tres tramos mensuales (3%, 2,5% y 2,5%), más un bono de $600 mil y un aporte extraordinario para la obra social. En el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, no avalan incrementos superiores al 1% mensual para los primeros meses de 2025 y esa exigencia está trabando otras negociaciones salariales.
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En el caso de Camioneros, además, se sumó otra complicación: la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), una de las cámaras que negocia los convenios con el sindicato de Hugo Moyano, fue intervenida por el Ministerio de Justicia y así se limitó la representación a las otras dos entidades del sector, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).

Hasta el momento, el Gobierno mantiene en firme su techo salarial para que no afecte las previsiones inflacionarias a la baja, mientras la CGT reforzó sus contactos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo para tratar de que flexibilice su postura.
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Sin reuniones previstas entre sindicalistas y empresarios, la paritaria de Camioneros se encamina a transformarse en un dolor de cabeza para todos, empezando por el Gobierno. Quedó en evidencia con las últimas declaraciones de Octavio Argüello, el reemplazante de Pablo Moyano en el triunvirato de la CGT: “Si el Gobierno piensa terminar con las paritarias libres vamos a terminar en un gran plan de lucha”, advirtió. “Habíamos cerrado un 8,5% y un bono de 580 mil pesos. Ellos no quieren firmar más que los 2 puntos que dice la inflación”, dijo el dirigente de confianza de Hugo Moyano.
“Si no nos pusimos de acuerdo es porque los empresarios no regalan nada y nosotros pedimos lo que corresponde -agregó en declaraciones a C5N-. Ahora estamos en una conciliación y después quedamos liberados a tomar las acciones que nos parezcan pertinentes”.
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Tras considerar que “para este gobierno que es tan liberal es todo libre menos los sueldos”, Argüello admitió que no hay clima para realizar más paros: “El movimiento obrero fue el primero que se paró en la calle contra este Gobierno. Hicimos varias medidas y no hemos tenido la repercusión que uno esperaba. La sociedad está creyendo en este gobierno”.
La paritaria de Camioneros se convirtió en test para la relación de la Casa Rosada y el sindicalismo, aunque los funcionarios libertarios hasta ahora se niegan a romper el techo del 1%: “El aumento (de Camioneros) está un poco alto y después la cifra se pasa a los precios; para nosotros no puede superar la inflación”, advirtió una alta fuente gubernamental.
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Hugo Moyano está ante un dilema complejo. Debe cerrar un aumento satisfactorio para no darle espacio en Camioneros a un combativo como Pablo Moyano, su hijo mayor, y para superar el efecto demoledor de las críticas de los recolectores de residuos de Capital al acuerdo con el gobierno porteño en el que cedió por primera vez en su reclamo de indemnizaciones para los trabajadores de las empresas a las se les vencían los contratos (la “ley Moyano”), aunque se habían prorrogado.
Hoy, la principal ayuda del Gobierno al líder de Camioneros proviene del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que ya lo auxilió en abril pasado cuando la homologación de su aumento del 45% para marzo y abril estaba frenada y lo aconsejó reacomodar los números de una forma que pudieran ser aprobados por Economía. Al final, al bolsillo de los trabajadores fue el mismo 45% pactado inicialmente gracias a dos sumas fijas que dieron las cámaras y Luis Caputo quedó contento porque la vigencia del convenio se extendió dos meses más, hasta junio, pero en mayo no hubo ningún incremento.
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Ahora, Cordero no tiene margen político para apartarse de la rígida pauta salarial del 1% que fijó el ministro de Economía, pero la conciliación obligatoria en el conflicto de Moyano se pareció demasiado a un salvavidas luego de la tensa audiencia del jueves pasado entre sindicalistas y empresarios, donde Trabajo insistió en que no podía homologar un aumento del 8%, con cifras superiores a la inflación prevista y el riesgo de que se trasladaran a precios.
Por eso a Moyano no le quedó otra opción que cumplir la amenaza de comenzar las protestas, una opción que le resultaba incómoda: nunca habló de hacer un paro ni una movilización, sino de aplicar “medidas de acción directa”. Lo único que hubo, en realidad, fueron asambleas informativas realizadas en distintas empresas del sector. Una reacción más inofensiva de la que se esperaba, hasta tal punto que una de las cámaras, la FADEEAC le pidió por escrito a Cordero que declarara la conciliación obligatoria, pero esa decisión se demoró casi un día porque no había certeza de las protestas.
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Aún así, para Moyano fue un alivio que este viernes por la mañana se aplicara la conciliación obligatoria. Le sacó de encima la presión de tener que aumentar la intensidad de las medidas de acción directa en una época del año que es difícil para que haya un masivo acatamiento a un paro: muchos trabajadores ya cobraron el aguinaldo o tienen la cabeza puesta en las vacaciones. “Hugo zafó porque iba a quedar en evidencia que la gente no tenía ganas de parar”, señaló un empresario.
¿La próxima tanda de negociaciones de Camioneros se hará contrarreloj y bajo la amenaza de que efectivamente se concreten las medidas de fuerza? Esa, hasta ahora, es la opción más probable.
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