El Gobierno anunció despidos por el paro en el Registro Automotor y confronta con ATE

El Gobierno redobló el conflicto en el Registro de la Propiedad del Automotor, donde se vienen profundizando las protestas sindicales en los últimos días, con un paro por tiempo indeterminado en rechazo a los “retiros voluntarios” y despidos encubiertos para achicar el área. Ahora, el ministerio de Justicia de la Nación anunció que “se despedirá con justa causa”, es decir, sin derecho a una indemnización, a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que “ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio” y “paralizaron la sede central” de la dependencia.

Según la cartera encabezada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, la última protesta llevada a cabo la semana pasada por el gremio estatal fue una acción “ilegal y extorsiva”, que ocasionó “pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos”. Y anticipó más represalias, ante quienes continúen con las medidas de fuerza, en la previa a una nueva concentración, que estaba prevista para este martes a las 10, en la sede del ministerio, ubicada en Sarmiento 329.

“Se hace saber que los agentes que no se presenten a sus puestos de trabajo a prestar tareas y participen de actividades que no hayan sido consentidas de forma expresa por el Ministerio de Justicia serán pasibles de las sanciones previstas en los regímenes legales pertinentes”, se advierte, en un comunicado.

“Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales y de los servicios que el Organismo de este Ministerio presta al ciudadano de bien, quien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la cual, bajo falsos reclamos, persigue beneficios solo para sus autoridades”, concluye el texto.

Como era previsible, el anuncio tuvo una primera respuesta de rechazo de parte de ATE. “¿Qué pasó? ¿No era que somos todos ñoquis y que el Estado no sirve para nada?”, publicaron desde ATE Capital, que lidera Daniel “Tano” Catalano. El sindicalista ya había cuestionado otro comunicado oficial a raíz del conflicto, y recordó que “no hay huelga más legítima y legal que la que es en defensa de lo más básico, el puesto de trabajo”. “Los argumentos de la huelga los explica usted mismo en este panfleto de cuarta. Deje de amenazar, lo único que les falta para terminar de demostrar su naturaleza antipueblo es prohibir el derecho a protestar ¿No eran los abanderados de la libertad?”, se preguntó, al interpelar a Cúneo Libarona.

Por su lado, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, aseguró hoy que los “despidos con justa causa” constituye una forma de “pisotear la Constitución Nacional y no los vamos a dejar”. “De la burra de Patricia Bullrich uno podría esperar cualquier cosa, pero viniendo del ministro de Justicia @m_cuneolibarona, esta amenaza es de extrema gravedad”, dijo, en su cuenta personal de X.

“Debería evaluarse el Juicio Político para el responsable de esta cartera. No podemos tolerar semejantes niveles de violencia y autoritarismo -continuó-. La indiferencia es un veneno letal para toda sociedad. No van a lograr que tengamos miedo. ¡Vamos a seguir confrontándolos, vamos a seguir de huelga y movilización!”.

El conflicto se profundizó luego de que el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la eliminación Ente Cooperador Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), creado por una ley de 1985, a partir de la cual se vienen pagando los sueldos de 2.800 empleados de esa cartera, desde hace cuatro décadas. Muchos de ellos prestan tareas en el Registro de la Propiedad del Automotor, por lo que la estabilidad laboral de los agentes dependen de esta medida.

ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de autos, tiene el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos cero km. La entidad, además, presta un servicio de “intermediación” al Estado nacional en los trámites asociados, en la cual se queda con una comisión, que hoy es del 3% del total de lo recaudado. Esta tarea le asegura al sector una recaudación millonaria. El resto de los fondos se los gira al Ministerio de Justicia para el pago de los sueldos de más del 50% de la plantilla de personal que cumple funciones en esa cartera, u en otras dependencias bajo su órbita.

El 18 de octubre, el ministro Cúneo Libarona firmó la Resolución 331/2024 en la que instruye al Ente Cooperador ACARA a implementar el Plan de Retiro Voluntario. El retiro estará abierto hasta el 24 de noviembre, con la posibilidad de extenderse 15 días más.

Sin embargo, la adhesión viene siendo baja, ya que la propuesta ofrece el pago de una indemnización acotada y en cuotas. Ante las presiones para firmar la desvinculación, ATE está llevando a cabo desde hace más de 10 días un paro por tiempo indeterminado.

Según la mirada gremial, se está amedrentando al personal a que acepte el retiro a cambio de un contrato precario que, dicen, solo alcanzará a los “imprescindibles”. “Contrato que ni siquiera garantizan con algún instrumento administrativo, y que eventualmente de concretarse resulta en pérdida de salario y renuncia a la indemnización que corresponde por ley. Si no se aceptan esas condiciones, plantean la finalización del contrato sin indemnización”, apuntaron fuentes sindicales. Tanto desde ATE como desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) consideran que los retiros son “forzosos”, bajo presiones y amenazas.

“Ni siquiera nos quieren despedir para que no cobremos indemnización. Ponen en juego la continuidad del Ente cooperador ACARA, quieren cerrarlo y dejar sin efecto el carácter empleador del mismo”, explicó Paola Pedronccini, delegada general del Ministerio de Justicia de la Nación.

En ese marco, el Poder Ejecutivo profundizó las sanciones contra los trabajadores nucleados en ATE. “Negamos categóricamente que la paralización del Registro Automotor haya sido realizada con fines violentos y extorsivos. La medida fue adoptada en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado, con los trabajadores en sus puestos de trabajo”, señaló el sindicato estatal.

Esta mañana, el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, encabezó un acto para repudiar los recortes en la planta del Estado y contra el desmantelamiento de las políticas de “Memoria, Verdad y Justicia” del ministerio de Cúneo Libarona. El dirigente recibió el apoyo de referentes del movimiento sindical, como el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, el secretario general de la CTA nacional; Hugo Yasky, el titular de La Bancaria y diputado nacional, y Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro, Norberto “Beto” Pianelli, entre otros.