
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a hacer referencia a la intención del Gobierno de avanzar en la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, hasta ahora es más una expresión de deseo que una realidad apuntalada por un proyecto de ley.
Hasta el momento, el Ejecutivo no envió al Congreso ninguna iniciativa que apunte a la eliminación de las PASO del proceso electoral. En caso de presentarse un proyecto, debería ser tratado en la Cámara de Diputados y girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por el diputado libertario Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, ambos de La Libertad Avanza.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, actualmente hay cinco proyectos en trámite que abordan modificaciones a las PASO. Entre los que buscan cambios en los plazos se encuentran uno presentado por la diputada Carla Carrizo de la UCR, apoyada por varios colegas de su bloque, y otro del legislador Oscar Agost Carreño de Hacemos Coalición Federal.

En la misma línea, la diputada del PRO Florencia Klipauka Lewtak presentó dos proyectos que proponen ajustes en fechas y porcentajes, aunque sin eliminar las PASO del proceso electoral. Por otro lado, el proyecto de eliminación con estado parlamentario es el de la diputada libertaria Rocío Bonacci, presentado en diciembre de 2023, aunque hasta ahora no ha avanzado en su trámite legislativo. También el cordobés Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, propuso un proyecto con el mismo objetivo.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos explicó que, aunque el Ejecutivo desea suprimir las PASO, la mayoría de los legisladores no comparte esa postura, lo cual dificulta la posibilidad de una reforma. “Hoy no contamos con el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo la eliminación de las PASO”, afirmó.
Esto se evidencia en que ninguno de los proyectos en trámite ha tenido siquiera un primer debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde La Libertad Avanza cuenta con solo seis votos sobre un total de 35 miembros. Además, el PRO, principal aliado del oficialismo en el Congreso, no ha presentado iniciativas en esa dirección, lo que reduce aún más las probabilidades de avanzar con la derogación de las PASO.

Si antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el año parlamentario, estos proyectos no obtienen sanción, no podrán ser tratados en 2025, año electoral en el que no se debaten reformas al sistema electoral. La ley 13.640 establece que “todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado”. En caso de que alguno obtenga sanción en alguna de las Cámaras, la vigencia del proyecto se prorrogará por un año más. Dado que la mayoría de estos proyectos son de 2024 —con excepción del de Bonacci, de diciembre de 2023—, ninguno perdería su estado parlamentario en el corto plazo.
Las PASO fueron instauradas en 2009 con el propósito de democratizar la selección de candidatos y abrir las elecciones internas de los partidos al resto de la ciudadanía. Con el tiempo, han acumulado críticas, principalmente centradas en el alto costo de su implementación. Sin embargo, los reclamos más importantes suelen surgir del oficialismo, que debe solventarlas, en parte debido a que generalmente presenta listas únicas y no desea facilitar los debates internos de los partidos de la oposición.
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