El Gobierno designó al nuevo vicepresidente de la UIF y eliminó el consejo asesor

El Gobierno nacional designó al nuevo vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la salida de Manuel Tessio. A su vez, suprimió al consejo asesor al alegar que la opinión de los siete vocales que lo conformaban “no es vinculante para la toma de decisiones”.

Tiesso había presentado a finales de junio su renuncia al organismo que investiga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por lo que su dimisión se hizo oficial una vez que se publicó en el Boletín Oficial. “La UIF agradece a Manuel Tessio por la extraordinaria labor y entrega realizada durante su vicepresidencia en el organismo. El trabajo en equipo y el compromiso han sido dos pilares fundamentales que merecen ser destacados”, señaló el titular del organismo, Ignacio Yacobucci, a través de un comunicado. Y completó: “En estos meses de intenso trabajo ha colaborado a cimentar la dinámica que como nueva gestión queremos emprender para impulsar y fortalecer la prevención y persecución del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su aporte en la consolidación del trabajo con el sector privado no pasara desapercibido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos”.

Ahora, el Ejecutivo designó a Santiago Martín González Rodríguez como su reemplazo, a través del decreto 896/2024. Tal como sostiene la normativa, González Rodríguez fue propuesto por el Ministerio de Justicia, en línea con los estándares internacionales que regulan el accionar del organismo. En este contexto, su postulación fue sometida a una audiencia pública el pasado 20 de septiembre y, tras esto, se elevó la propuesta al Ejecutivo nacional.

En línea con su currículum, el nuevo vicepresidente de la UIF es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con un posgrado en Derecho Aduanero. Es miembro titular de la Comisión de Abogados en Relación de Dependencia con el Estado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y docente de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), así como también de la Universidad de Flores.

En simultáneo, mediante decreto 891/2024, el Gobierno modificó la estructura de la UIF, establecida por la Ley Nº 25.246. La legislación indicaba que, además del presidente y el vicepresidente, la UIF debía estar integrada por un consejo asesor de 7 vocales, conformado de la siguiente manera: un funcionario representante del Banco Central de la República Argentina (BCRA); un funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); un funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores (CNV); un experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; un funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un funcionario representante del Ministerio de Finanzas y un funcionario representante del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el Ejecutivo considera que este consejo “emite opiniones no vinculantes y que se encuentra compuesto por 7 funcionarios con remuneración equivalente a subsecretario”, algo que no se ajusta a las políticas presupuestarias actuales. “Eliminar la existencia del consejo asesor tiene como objeto mejorar su funcionamiento para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como también reducir el sobredimensionamiento de su estructura, contribuyendo con ello a disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y adecuar la conformación de la unidad”.

“Con ello, se reafirma y fortalece la independencia operativa y autonomía de la UIF, plasmando la profundización de su descentralización que se consolidó a lo largo de la evolución histórica del organismo”, agrega.

Además, el decreto dispone que el presidente y vicepresidente del organismo “tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los 2 años posteriores a su desvinculación de la UIF las actividades que la Reglamentación establezca en cada caso”.

Por otro lado, fijó que las autoridades de la unidad que investiga el lavado de dinero durarán cuatro años en su cargo, “pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida, percibiendo ambos una remuneración equivalente a la de secretario”.