Los mapuches que usurparon y vandalizaron propiedades públicas y privadas en Villa Mascardi, desde 2017 en adelante, irán al banquillo de los acusados a fin de septiembre, cuando se realizarán las audiencias para juzgarlos por numerosos episodios violentos perpetrados en el paraje ubicado a 35 kilómetros de Bariloche.
La Justicia Federal decidió unificar más de cien expedientes y agruparlos en la denominada “causa madre”, en la que serán juzgados por la usurpación de predios privados y públicos, sabotajes, incendios y múltiples atentados.
El juicio fue fijado para el 26, 27 y 30 de septiembre y se realizará en salón multiusos perteneciente al Escuadrón 34º de Gendarmería Nacional, ocasión en la que se espera un operativo multitudinario de efectivos de esa y otras fuerzas federales.
Esta semana trascendió que el recientemente liberado líder de la RAM, Facundo Jones Huala, podría participar como oyente del proceso. El “lonko” tiene familiares y allegados que forman parte de la agrupación, aunque en su legajo no figuran deudas judiciales por los hechos que se van a juzgar.
Uno de los argumentos que explicarían la participación de Jones Huala es que durante un intento de desalojo del predio fue asesinado el mapuche Rafael Nahuel de manos de efectivos de Prefectura Naval Argentina.
El activista, en distintas ocasiones, realizó múltiples declaraciones al respecto y prometió “luchar” por su memoria.
Las autoridades nacionales analizan la información y para ello idean un operativo de seguridad masivo, con la participación de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal. Esas fuerzas mantienen en Villa Mascardi el Comando Unificado de fuerzas, a pesar desde que desde octubre de 2022 no hay presencia mapuche.
Los imputados, integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, son los hermanos Cristian y Betiana Colhuan, María Isabel Nahuel, Martha Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia.
Los acusados cuentan con distintas representaciones legales. Fuentes con acceso al expediente indicaron que la acusación principal es usurpación. Los intrusos ingresaron en 2017 a un predio de Parques Nacionales, avanzaron luego a otro perteneciente al mismo organismo, y desde allí avanzaron a otros predios pertenecientes tanto a organismos públicos como privados.
Figuran en la causa los reiterados atentados contra turistas, durante los intempestivos cortes de ruta, agresiones a funcionarios judiciales y efectivos de distintas fuerzas de seguridad.
Semanas atrás la Cámara de Casación decidió rechazar la homologación del acuerdo entre el Estado Argentino y la comunidad mapuche. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, rechazó el pacto que encabezó el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a través del cual el gobierno de Alberto Fernández ofreció múltiples beneficios a los usurpadores, como la construcción de viviendas y la cesión de otro predio de 10 hectáreas en las inmediaciones para la instalación de una parte del grupo.
El juicio fue postergado en ocasiones anteriores. Una de ellas producto de un planteo de pedido de Pietragalla Corti de suspender el proceso, a instancias de la convocatoria de una mesa de diálogo con la comunidad, para intentar alcanzar una solución alternativa al conflicto.
“Una clara intromisión de poderes, el ejecutivo se involucró en un proceso judicial para beneficiar a los usurpadores” aseguraron fuentes con acceso al expediente.
En octubre de 2022, los predios fueron usurpados fueron desalojados íntegramente aunque la ex magistrada a cargo del Juzgado Federal Silvia Domínguez ordenó conservar el “rewe”, una estructura amorfa de madera que aún se erige en uno de los predios de Parques Nacionales y al cual los integrantes de la comunidad mapuche pueden acudir a realizar sus ceremonias.
En el marco de esa diligencia, sólo fue posible capturar a las mujeres de la comunidad, mientras que los hombres lograron huir hacia la zona montañosa.
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