El Gobierno resolvió una medida para equiparar las condiciones salariales de los militares con el resto de los empleados de la administración pública. El presidente Javier Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispone que el personal no civil de las fuerzas armadas cobre “en tiempo y forma” los aumentos salariales.
Con la firma del total de los ministros del Gabinete nacional, y tras una gestión del ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la Ley N° 11.672 complementaria de Presupuesto para permitir que las FFAA puedan percibir los aumentos en el mismo mes en el que son otorgados al resto de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una “demanda histórica” del personal castrense, señalaron fuentes oficiales.
El Decreto 775/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, reemplazó el artículo 86 de la Ley N° 11.672, que regula los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva en el Estado nacional. El texto incluye un agregado que extiende estas retribuciones a los militares, con el fin de equiparar la situación con el personal civil de las FFAA que ya gozan de este derecho. “También se tendrán por cumplidas las disposiciones del Artículo 79 de la Ley N° 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) cuando se trate de incrementos en las retribuciones del personal no civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuyo otorgamiento se corresponda con incrementos homólogos a los mencionados en el primer párrafo del presente artículo”, señala el decreto en su artículo 1 al respecto.
Con la legislación anterior, según señalaron desde el Gobierno, el personal militar cobraba sus aumentos con un mes de demora respecto al resto de los empleados estatales. Esto generaba un perjuicio económico y una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
En sus considerandos, el decreto fundamentó la decisión que la normativa señalaba que los aumentos “no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos”. Sin embargo, esta legislación deja por fuera al personal no civil de las fuerzas armadas, ya que “se encuentra excluido del derecho de sindicalización”. Por lo tanto, la aplicación de los incrementos remunerativos requería de “otros instrumentos normativos para su formalización”.
El Poder Ejecutivo argumentó además que esta situación de desfasaje “termina ocasionando, en algunos casos, un perjuicio directo sobre el personal no civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, al no poder recibir incrementos en sus retribuciones en condiciones homólogas a las del personal civil”.
De esta manera, el DNU adecuó los términos del artículo 86 de la Ley N° 11.672 para establecer un “trato igualitario” entre el personal civil y no civil de las instituciones militares y policiales.
Desde su asunción, el pasado 10 de diciembre, el gobierno libertario tomó medidas para cambiar el rumbo de las políticas de Defensa y de las FFAA. El giro se observa, sobre todo, en las promesas de equiparación salariales con las fuerzas federales de seguridad, pero también en lo simbólico, como el masivo desfile militar organizado por el Gobierno durante el 9 de julio pasado, durante la celebración por el Día de la Independencia.
“Los gobiernos anteriores ocultaron el rol de los que dan su vida por la patria. Vamos a reconciliar a la política con las Fuerzas Armadas”, definió Milei en el último brindis de camaradería.
Tras la aprobación del nuevo mecanismo para otorgar aumentos al personal militar, desde el Gobierno destacaron que la medida fue “posible tras consolidarse el equilibrio fiscal en las cuentas del Estado” e implica “otro compromiso cumplido del Presidente, Javier Milei, y del Ministro de Defensa, Luis Petri, que recogieron esta demanda histórica por parte de los soldados de la patria y trabajaron para resolverlo”.
Según el Poder Ejecutivo, ambos funcionarios están “cumpliendo su palabra de cuidar a nuestras tropas no solo a través de mejoras en el equipamiento y el adiestramiento, sino también a través de la protección de sus ingresos”.
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