El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick decidió hoy que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene que informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares.
“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.
La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
Ese magistrado sostuvo además que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes. Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”.
Para el Gobierno, la resolución del juez Lara Correa “reconoce el trabajo que se viene realizando” desde el Ministerio de Capital Humano. “Los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla. Se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisados, auditados y reestructurados, como así también reconoce la ejecución presupuestaria de los programas vigentes”, dijeron en ese momento desde la cartera que conduce Pettovello.
La semana pasada, Cormick habilitó la feria judicial para tramitar la causa y finalmente este lunes le dio un plazo al Ministerio de Capital Humano. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, sostuvo el magistrado en su primera decisión.
La causa se inició a principio de año en la que las organizaciones señalaron que el gobierno discontinuó la entrega de alimentos a los comedores y merenderos y reclamaron que se mantengan las políticas sociales. El expediente se transformó en un amparo colectivo en el que se invitó a las organizaciones que quieran formar parte.
En paralelo, hay otro expediente judicial que inició Juan Grabois. Se trata de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello por no entregar alimentos. En esa investigación se determinó que el gobierno tenía casi 5 toneladas de comida en dos galpones de la provincia de Buenos Aires y de Tucumán y el juez federal Sebastián Casanello le ordenó que presente un plan para la distribución de la mercadería, mucha de ella con fechas de vencimientos cercanas.
El fallo fue apelado por Capital Humano y fue ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal pero el gobierno llevó al caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar que la distribución de alimentos es una decisión política que no se puede judicializar.
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