
La aprobación de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo con 14 gobernadores pusieron al presidente Javier Milei y a su gobierno en una nueva instancia de gestión y a la oposición a volver a discutir su estrategia identitaria y de acción. En este escenario, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se apoya en las entidades gremiales para la etapa venidera. Lo hace en el tramo político e incluso en el marco de su propia gestión al frente de Buenos Aires. Pese a la quita de recursos y el desplome de salarios, Kicillof no entró nunca en una instancia de conflictividad con los gremios; más bien todo lo contrario.
Esta semana, el gobierno bonaerense realizó su oferta de mejora salarial a todos los trabajadores de la administración pública. En ese marco, hizo un ofrecimiento de 6,5% para el mes de julio con el compromiso de realizar una nueva convocatoria en agosto. Tuvo la aceptación de los trabajadores estatales nucleados en la Ley 10.430, donde se agrupan entidades de peso como UPCN o ATE, entre otras. La misma oferta se hizo para los gremios que se agrupan en el Frente de Unidad Docente, donde se incluyen Suteba, FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA. La mayoría aceptó, mientras que otros, como la FEB, lo someterán a discusión de las bases y el lunes comunicarán la decisión.
“La provincia está haciendo un enorme esfuerzo para sostener un estado presente, que es el mandato de los y las bonaerenses. Esta nueva oferta implica un enorme esfuerzo, pero se corresponde con nuestro compromiso de atenuar la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores provinciales”, planteó el ministro de Economía, Pablo López.

Es probable que el próximo lunes, en el marco de las conferencias de prensa que encabeza el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se anuncie el acuerdo con los gremios. En lo que va del año, la negociación salarial resultó en un aumento del 25% para el mes de enero (que implicaba un tramo de diciembre), un 20% en febrero, un 13,5% en marzo, un 9,5% en abril y un 7,5% en mayo.
En ese entendimiento, es clave el rol que ocupa el ministro de Trabajo, Walter Correa. Más allá de su rol de funcionario, Correa proviene del sector gremial -fue secretario general de los trabajadores de curtiembre- y también forma parte de la mesa más política que tiene el gobernador en lo que respecta a su construcción propia dentro del universo peronista. “Estamos frente a un contexto muy complejo en el que la situación económica general, lejos de ver una recuperación, sigue deteriorándose producto de las políticas del Gobierno nacional. La recesión avanza, afectando seriamente los recursos tributarios provinciales, cuya caída alcanzó en seis meses los $1,6 billones; situación que se ve agravada por el parate total de la obra pública y el recorte de transferencias obligatorias no automáticas por parte de Nación”, agregó el funcionario del gobierno de Kicillof.
El acercamiento entre el gremio de Suteba, que conduce Roberto Baradel, con el posicionamiento político de la gestión de Kicillof es tal que al momento de confirmar que aceptaban la propuesta de la mejora salarial, desde Suteba también se explicitó un rechazo “a la política de ajuste y pérdida de derechos y soberanía del Gobierno nacional expresada en el denominado Pacto de Mayo”; algo que también planteó el propio gobernador bonaerense declinando la invitación a la firma del documento propuesto por Milei, el último 9 de julio en Tucumán.
Más allá de la negociación paritaria, en el tramo político Kicillof también mantiene una sólida relación con un sector gremial. Este jueves participó de la reunión de sindicatos industriales que forman parte de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRSA). Lo hizo junto a los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Allí hicieron un repaso de la segunda encuesta realizada a las organizaciones sindicales miembro. La misma arrojó algunos datos alarmantes para el sector como las caídas de las ventas en un 15%, el incremento del 30% de los costos por la suba tarifaria y que el 56% de las empresas pudo abonar en tiempo y forma los salarios a los trabajadores.

En esa reunión también se trazó un documento final. En un pasaje del mismo se establece que “el DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y muy particularmente el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) llevan a nuestro país a una acelerada disminución de la actividad industrial, de inmediato impacto en nuestras Pymes. Sobre el horizonte se proyecta una regresiva primarización extractivista de nuestros recursos naturales. Sin industrialización para la producción en origen, sin desarrollo de las cadenas de valor ni trabajo calificado”.
De los gobernadores que participaron de la actividad, solo Gerardo Zamora de Santiago del Estero firmó el pacto. Este viernes, el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, relativizó un eventual el apoyo del santiagueño al gobierno de Milei. “Cuando a uno le toca conducir una provincia y más una provincia con pocos recursos por ahí es plausible que concurra -al Pacto de Mayo-. Lo conozco a Zamora desde hace años, es un tipo íntegro que la debe estar pasando mal”, dijo en declaraciones a Radio 10.
Por su parte, Kicillof sigue la procesión sindical. Este viernes, cerraba un plenario de la CTA de la provincia de Buenos Aires; entidad que en el ámbito bonaerense también es conducida por Baradel. También forma parte de la central de trabajadores la ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.
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