Docentes y policías mantienen sus campamentos en la zona del Comando Radioeléctrico. Las trabajadoras de la educación activaron cortes, marchas y asambleas en casi todo la provincia, mientras el Gobierno mantiene la dureza con el reclamo de uniformados y convoca nuevamente a los maestros.
La dinámica del conflicto social en la tierra colorada cambió la gorra por el guardapolvo. Son trabajadores de la educación los que, ahora, sacuden la paz habitual de la provincia. Sus reclamos son por mejoras salariales y de condiciones de trabajo.
Durante el lunes, cortaron en varios tramos las rutas nacionales 12 y 14. Y también algunos cruces de caminos provinciales. Esto dificulta el tránsito nacional e internacional de bienes y personas.
Si se suman las asambleas en escuelas y espacios públicos y las manifestaciones en distintas ciudades, las maestras, en su mayoría autoconvocadas, realizaron más de 40 acciones directas en simultáneo. El marco es una nueva jornada de paro del sector.
En Posadas, capital de la provincia y caja de resonancia política, se realizó una marcha que incluyó una intervención sobre la Casa de Gobierno provincial. El reclamo salarial apunta a una recomposición del 100% de los haberes.
La administración de Hugo Passalacqua reaccionó al planteo con una nueva convocatoria a la mesa salarial. Es que a lo vivido hoy debe sumarse la movilización a la Legislatura de la semana pasada, que terminó en represión por parte de la policía; y los escraches a las residencias del Gobernador y de Carlos Rovira, el hombre fuerte del Frente Renovador que maneja los destinos de la provincia hace más de 20 años.
Durante la mañana, se conoció que las autoridades retomarán el diálogo con los gremios docentes el próximo viernes 31 a las 14.30 hs. En el transcurso de estos días, las trabajadoras de la educación percibirán sus haberes. El Gobierno espera que esto descomprima algo la situación.
Por otra parte, el Ministerio de Salud misionero sigue tomado. En su mayoría son también trabajadores autoconvocados que rechazan el acuerdo que firmó la conducción provincial de ATE.
Un conflicto estancado
El Gobierno misionero sigue firme en su última oferta a los uniformados que están desde el viernes 17 acampando frente al Comando Radioeléctrico. El incremento que ofrece para la Policía es de un 30%. Esa propuesta se hizo el jueves por la tarde. Y se sostiene sin cambios, a pesar de que la representación de la fuerza de seguridad espera que atiendan su contrapropuesta o, al menos, vuelvan a sentarse a dialogar.
El viernes por la mañana, los delegados y representantes de la fuerza habían diagramado un esquema que no tuvo acogida en los despachos oficiales. Bajaban las pretensiones de recomposición de un 100% a un 85%. Y hasta podían “afinar el lápiz” si se recomponía más el haber del agente inicial que la de los cuadros superiores.
Los policías, pese a todo, mantienen la fe. “Estamos muy esperanzados en que el Gobierno pueda atender nuestro reclamo de recomposición salarial”, dijo en declaraciones a Infobae Germán Palacios, vocero de los manifestantes.
Durante la mañana corrió la versión de que la Justicia y el Gobierno irían a buscar los móviles que están retenidos frente al Comando Radioeléctrico hace días. Pero no hubo movimientos en ese sentido.
Las autoridades parecen estar jugando al desgaste de la protesta. En el acampe hay familias enteras. Muchas están bajo toldos. Afrontan la ola de frío que también golpea a la tierra coloradas con fogatas que se arman sobre la vereda o el asfalto. Además, Ramón Amarilla, el otro vocero principal del grupo, está atravesando un cuadro de neumonía. Los médicos le recomendaron descanso y reposo. Pero el dirigente se rehúsa a seguir esa prescripción.
Pese a que varios comerciantes del lugar expresaron su solidaridad con la protesta, Avenida Uruguay es un centro comercial importante de Posadas. Y el público no puede fluir como antes de la medida de fuerza. La situación impacta directamente en los ingresos de varios locales.
José Luis Gottschalk, dueño de una casa de materiales de construcción, dijo en declaraciones a medios locales que sus ventas cayeron un 80% por la medida. Y que se dificulta el pago de sueldo a sus empleados. “Vemos buena disposición en el acampe para que esto se solucione en 10 días. Falta la de arriba”, por el Gobierno, señaló.
El dirigente de la Cámara de Comercio, Mario Ortigoza, se quejó porque las fogatas y quemas de cubierta hacen irrespirable el aire en la zona. Y que la multiplicación de toldos, carpas, reposeras y sillones transforma en imposible el andar por la calle y la vereda. Ortigoza tiene dos locales sobre la Avenida Uruguay. Sus ingresos bajaron unos 50 millones de pesos, estimó. “No llegaremos a los objetivos de venta. Los empleados no recibirán comisiones este mes”, apuntó.
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