El Gobierno define si promueve en la Ley Bases una reforma laboral limitada o idéntica a la incluida en el DNU

El Gobierno no se resigna a que la reforma laboral siga trabada en la Justicia: referentes del oficialismo definen en estas horas si incluyen en la nueva ley ómnibus el mismo articulado que figura en el DNU 70 o si aceptará una versión reducida para lograr más consenso político en el Congreso.

Fuentes oficiales admitieron a Infobae que, “si bien aún no está definido, lo más sensato sería que el contenido del DNU, en su gran mayoría o todo, se incluyera en cualquier proyecto que fuera enviado al Congreso”. El dilema no es menor: en el PRO y en la UCR hay iniciativas que rescatan algunas propuestas laborales que le interesan a Javier Milei, pero no todas las contempladas en el DNU.

Por eso en los próximos días se acelerarán las negociaciones del oficialismo con gobernadores y legisladores: buscan que la nueva Ley Ómnibus, junto con el paquete fiscal y la reforma laboral, se aprueben en el Congreso antes del Pacto de Mayo convocado por el Presidente para el día 25 de ese mes, en un nuevo aniversario de la Revolución de 1810.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que en las últimas reuniones que mantuvo con legisladores opositores surgió la propuesta de incluir en la Ley Bases aspectos de la reforma laboral contenida en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia luego de haber sido impugnado por la CGT.

“La Ley Bases busca fomentar las inversiones y existe una regulación laboral que es obsoleta y no genera ánimo en muchos inversores de traer capitales al país, con lo cual -destacó Francos- muchos plantean que algunos criterios del DNU que están frenados por un amparo judicial puedan ser tratados en una ley para ser aprobados”.

Hace una semana, Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunieron con una delegación de diputados nacionales del PRO liderados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, quien planteó la incorporación en la nueva ley ómnibus de tres proyectos para modernizar la legislación laboral que están en sintonía con el DNU 70, como una forma de destrabar este tema por vía legislativa.

Las iniciativas presentadas por los diputados del PRO contemplan la extensión del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, la simplificación de la registración laboral y la eliminación de las multas por falta de registro y la regulación del derecho de huelga en los servicios de seguridad, transporte, salud y educación al declararlos servicios esenciales, con guardias mínimas del 75%.

Sin embargo, para un sector del Gobierno esos tres proyectos son “insuficientes” porque no abarcan todos los ítems de la reforma laboral que figuran en el DNU 70. Lo mismo sucede con una propuesta similar presentada la semana pasada por el bloque de senadores nacionales de la UCR, cuyo proyecto de ley rescata sólo tres de los cambios que quiere Milei: un Fondo de Cese Laboral, la modificación de las multas laborales y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses.

En el caso del PRO, curiosamente, hay un proyecto de ley que fue presentado por una de sus diputadas nacionales, Verónica Razzini, de Santa Fe, que responde en forma fiel a lo que busca el Gobierno con la reforma laboral porque su texto es un espejo del contenido del DNU 70 y fue elaborado de esa forma justamente para que le sirviera al oficialismo como una herramienta para viabilizar sus cambios.

La iniciativa de Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), fue apoyada por otros de los diputados de la bancada e incluso tuvo respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y de entidades empresariales de Rosario, Tucumán y Río Grande, entre otras. ¿Por qué entonces no fue avalada por Ritondo como jefe del bloque del PRO si es exactamente lo que quiere el Gobierno? Algunos sectores de la Casa Rosada respaldan la propuesta de Razzini como si fuera propia.

El proyecto de la legisladora del PRO incluye, a diferencia de los 3 presentados por Ritondo, los siguientes puntos que forman parte del DNU dictado por Milei y frenado por la Justicia:

• La modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales: sostiene que “los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Apunta a penalizar las asambleas que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.

• Uno de los aspectos que causó el inmediato rechazo sindical en el DNU, previsto en el proyecto de Razzini, es el que limita las cuotas solidarias, que son los aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios. En la iniciativa de la diputada del PRO, al igual que en la propuesta libertaria, se prevé que se habilitará este mecanismo adicional de recaudación sindical “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”.
• En este proyecto de ley, a diferencia de los 3 presentados por Ritondo, también se contempla la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva un sistema indemnizatorio distinto, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
• Otro artículo clave para el Gobierno que sólo figura en la iniciativa de Razzini es el que prohíbe el bloqueo o tomar una empresa, además de impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento, además de calificar el bloqueo como delito penal.

Estas son algunas de las propuestas incluidas en la reforma laboral del DNU 70 que el Gobierno está definiendo si lleva o no a la Ley Bases para procurar que tengan una legitimación del Congreso. Al debate interno se sumó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex abogado de Techint y de la UIA que fue uno de los arquitectos de los cambios en la legislación laboral que impulsaban los libertarios.

Se supone que si la Casa Rosada limita sus pretensiones en materia de reforma laboral a los 3 proyectos de Ritondo o de otros de la UCR tendrá un consenso más amplio para lograr la sanción de la Ley Bases. Pero hay dudas en el oficialismo acerca de si una reforma laboral limitada, como en la práctica promueven el PRO y el radicalismo, podrá conformar en un 100% a Milei.

La CGT, mientras, refuerza la presión sobre los gobernadores y los legisladores de la oposición para que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70, al igual que lo hizo el Senado, y también para bloquear la sanción de la Ley Bases, donde figura la restitución del Impuesto a las Ganancias, cuya eliminación es una tradicional bandera del sindicalismo, y ahora sumará la reforma laboral.

La estrategia cegetista fue admitida por Pablo Moyano (Camioneros), cotitular de la CGT, quien dijo que el objetivo de la central obrera es “cansar” a Milei “con la gente en la calle” y tratar de que la nueva Ley Ómnibus no avance en el Congreso, aunque reconoció que no conoce su contenido: “Ya ni sé de que se trata, pero es una ley que va a perjudicar a mucha gente”. No es el único que no sabe de qué forma el Gobierno procurará revivir la reforma laboral. Es el debate central de los próximos días.