El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la asociación civil Usina de Justicia firmaron un Convenio Marco de Cooperación Académica este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo hace hincapié en una complementación entre ambas partes en medio de un “proceso general de profesionalización” del organismo estatal.
En un documento que consta de once cláusulas en las que se establecen los fines y la forma en que se desarrollará el acuerdo, se recalca la intención de consolidar las “iniciativas y actividades que favorezcan a la capacitación en los temas que son de interés” para el MPF.
“El presente convenio marco tiene por objetivo establecer las bases generales de cooperación conforme a las cuales el MPF y la Asociación realizarán acciones tendientes a fomentar la mutua complementación y colaboración académica que contribuya a sus respectivos desarrollos institucionales”, indica la primera condición.
Además, se especifican las diversas tareas que debe llevar a cabo el Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Ezequiel Casal. Asimismo, se detalla: “Se encuentran la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos humanos y de los intereses generales de la sociedad, de acuerdo con los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones internacionales”. Y continúa: “También la de coordinar actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como con otras instituciones públicas y privadas”.
En tanto, y con el fin de poder cumplir con esos objetivos, se celebró el acuerdo con la Asociación Civil Usina de Justicia, que es representada por su presidenta, la doctora Elisa Diana Cohén.
En el acuerdo establecido, la tercera cláusula se centra en los roles claves para llevar adelante el convenio y que todas las acciones se desarrollen de manera óptima. En este sentido, se designaron a dos personas de cada institución para coordinar y supervisar las distintas tareas. En representación del MPF, se nombró al doctor Juan Manuel Casanovas y desde la Usina de Justicia, se eligió a María Jimena Molina para llevar a cargo dicha función.
El convenio firmado no limita “la individualidad ni la autonomía de las estructuras técnicas y administrativas del MPF ni de la Asociación”. En este sentido, amplía: “Tampoco restringe la libertad de las partes para formalizar convenios similares con otras instituciones, organismos o empresas oficiales o privadas”.
Desde la fecha de la firma, el convenio tiene una validez de tres años. Sin embargo, esto no implica que pasado ese tiempo, dejará de existir. Conforme a lo establecido en la cláusula novena del documento, queda establecido que el acuerdo se prorrogará automáticamente por “periodos iguales sucesivos”, “excepto que alguna de las partes comunicara a la otra su voluntad de no prorrogarlo”.
A través de las redes sociales, la Usina de Justicia se define como un “foro ciudadano y apartidario por los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad”. “Somos un grupo de víctimas que han perdido un ser querido en situaciones violentas y profesionales de distintas especialidades que voluntariamente trabajan y apoyan nuestra labor”, precisan desde el sitio web. La sociedad civil, que fue creada en 2014, recalca la importancia de “acompañar a las víctimas de homicidio y femicidio y recuperar una Justicia justa que contemple a estas víctimas”.
Integridad, solidaridad, compromiso, equidad y transparencia son los valores que representan. Y entre sus objetivos primordiales, se destacan: acompañar a los familiares de víctimas de homicidio y femicidio, brindándoles apoyo emocional y asesoramiento legal; promover los derechos y alentar la participación de las víctimas en el proceso penal y en la ejecución de las penas, en paridad de condiciones con las del imputado y el agente fiscal; e impulsar políticas públicas para mejorar la prevención de conductas delictivas graves.
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