La discusión reglamentaria que podría complicar la aprobación del DNU en el Congreso

La comisión bicameral que debe analizar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia sigue sin constituirse y en el Congreso afloran las acusaciones cruzadas. Mientras tanto, algunos diputados de la oposición ya ponen el foco en una cuestión reglamentaria que podría ser determinante a la hora de aprobar o rechazar el mega DNU que desregula la economía, flexibiliza el mercado laboral y reforma el Estado.

La comisión de Trámite Legislativo, conocida popularmente como Bicameral de DNU, está compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Y se encarga de analizar los decretos presidenciales para luego emitir un dictamen sobre su validez. Para que un DNU sea anulado, tras la firma del dictamen ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple.

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le envió una nota formal al titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, para que presente la nómina de tres diputados que integrarán la comisión en representación de esa fuerza política. Sin embargo, en el peronismo aseguran que se trata de una simple excusa para demorar el debate del mega DNU firmado por Javier Milei.

Sucede que hace un mes y medio Unión por la Patria presentó una lista con cuatro nombres, porque considera que esa es la cantidad de bancas que le corresponde dado que es la primera minoría con 99 diputados. Los libertarios, por su parte, aseguran que solo pueden tener tres lugares. La discusión está desde hace semanas en un punto muerto.

“De acuerdo a la cantidad de integrantes de su Bloque (99) sobre el total de la Cámara (257) le corresponde el 38,52 por ciento de representación. Ese porcentaje sobre ocho integrantes implica la cantidad de 3,08″, planteó Menem en su nota. Y agregó: “Como le consta por las reiteradas conversaciones que hemos mantenido sobre el particular, su Bloque en ningún caso puede pretender la integración de cuatro Diputados que implicaría arrogarse el 50 por ciento de representación”.

Por su parte, la UCR también redobló la presión sobre el Gobierno esta semana a través de una carta en la que solicitaba a Menem que “con total urgencia y sin más demoras” designe a los integrantes correspondientes por la Cámara baja. No obstante, el kirchnerismo asegura que esto también “constituye una maniobra dilatoria que resulta funcional a la estrategia de mantenerlo en vigencia”.

“Los plazos establecidos para el tratamiento en comisión del referido DNU se encuentran sobradamente vencidos. Es momento de abordar el decreto en el recinto y que cada actor político asuma su posición de cara a la sociedad, frente a las consecuencias que ya genera”, plantearon en un comunicado conjunto senadores y diputados de Unión por la Patria.

Esto se debe a que la propia ley que regula a los DNU establece que, pasados los 10 días sin tratarse, dichas normativas quedan habilitadas para ser discutidas en los recintos. Fue por eso que el peronismo ya realizó dos pedidos en el Senado para que su titular, Victoria Villarruel, convoque a una sesión especial. La Vicepresidenta desestimó los pedidos porque el peronismo no llega a tener mayoría.

Mientras tanto, en los partidos de la oposición dialoguista analizan cuáles serán sus pasos a seguir si Martín Menem finalmente confirma la convocatoria. Si bien hubo consenso dentro del radicalismo para exigir la conformación de la bicameral, las posiciones están divididas a la hora de avalar o rechazar su contenido.

Según explicaron desde el bloque, los dos representantes de la UCR en la bicameral podrían votar de forma diferente. El diputado Francisco Monti, más cercano a la línea del gobernador Alfredo Cornejo, se inclinaría por aprobar el DNU. Mientras que el senador Víctor Zimmermann, cercano a Gerardo Morales, tiene una postura mucho más crítica, como el presidente del partido Martín Lousteau.

La UCR ya ha mostrado sus diferencias internas durante el debate de la Ley Ómnibus. A la hora de firmar el dictamen de los 16 miembros del plenario de comisiones, solo ocho votaron en disidencia y el resto se abstuvo. Una vez en el recinto, un grupo de cuatro diputados, liderado por Facundo Manes, rechazó casi todos los artículos. El rechazo incluso alcanzó a la mitad del bloque cuando se votaron los artículos relacionados con las facultades para reformar del Estado.

Para evitar que la fractura se siga profundizando, en el partido centenario analizan la posibilidad de analizar el DNU por partes o capítulos, para así evitar entrar en la lógica del “todo o nada”.

El problema es que para muchos, incluído el oficialismo, el DNU debe ser analizado en su conjunto. La ley 26.122 de 2006 estipula que la bicameral debe expedirse sobre la validez o invalidez formal de los decretos, es decir que cumpla con los plazos, que no incluya las cuatro materias vedadas por la Constitución (penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos), y que existan “circunstancias excepcionales” de “necesidad” y “urgencia” que hagan imposible llevar adelante el trámite legislativo ordinario.

Desde la filas del radicalismo destacan que nunca antes se analizó un DNU que abarque una gama tan amplia de temas. Eso habilitaría su tratamiento por capítulos, siempre y cuando exista consenso con otras fuerzas políticas.

Ante la consulta de Infobae, desde Hacemos Coalición Federal -que tendrá como representante en la bicameral al diputado Nicolás Massot- consideraron que el análisis por partes “sería razonable”.

Sin embargo, tanto La Libertad Avanza como el PRO, que se aprestan para convalidar el DNU en su conjunto, todavía no se definió si podrían aceptar esta interpretación nueva del reglamento.