Cómo impacta la Ley Ómnibus en el financiamiento de las obras públicas en los barrios populares

La Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno propone la modificación y derogación de varias de las normas vigentes a fin de realizar una profunda reforma del Estado, uno de los principales objetivos de Javier Milei. Sin embargo, muchos de los puntos planteados en el proyecto causaron controversias y por eso aún se dilata su aprobación en el Congreso. Uno de estos fue el artículo 211, el cual indica un cambio determinante para la ley de barrios populares, actualizada en el año 2022.

La propuesta del Poder Ejecutivo afecta puntualmente al financiamiento de las obras públicas en estas zonas urbanas, las cuales -hasta el momento- se realizaban con el Fondo de Integración Socio Urbana, conformado con aportes provenientes del impuesto PAÍS.

Así lo establece la ley 27.541 en su artículo 42, donde está estipulado que el 30% de lo recaudado a partir de este tributo está destinado a la construcción de obras de vivienda social. El otro 70%, por su parte, es para el financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

La norma fue sancionada en el año 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y actualizada durante la administración de Alberto Fernández con un amplio consenso de todo el arco político.

Sin embargo, a pesar de ser una de las propuestas votada por ambos bloques mayoritarios -Juntos por el Cambio y Unión por la Patria- el gobierno de Javier Milei busca eliminarla con el paquete de leyes que se debate en la Cámara de Diputados.

“Sustitúyese el artículo 42 de la Ley 27.541 por el siguiente”, comienza diciendo el artículo 211 de la Ley de Bases propuesta por el presidente Javier Milei.

El que lo reemplaza dice: “El producido del impuesto establecido en el artículo 35 será distribuido en su totalidad por el Poder Ejecutivo nacional para el financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

La nueva redacción deja de lado el financiamiento del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, creado por la ley 27.453, con el que se realizaban las obras en los barrios populares, causando controversias en el sector.

“Están queriendo romper una de las pocas políticas de Estado que logró superar la grieta. Falta mucho por hacer, pero en los últimos años, por primera vez, ejecutamos obras de integración en todas las provincias. Pusimos por encima de las diferencias políticas e ideológicas la necesidad de dar respuesta a los millones de familias que nacimos al costado del camino”, dijo Fernanda Miño, quien estuvo al frente de la secretaría de Integración Socio Urbana y el FISU e hizo un relevamiento para XX en la villa La Cava en San Isidro.

Y agregó: “Más de un millón de vecinos y vecinas de barrios populares hoy tienen en sus hogares agua potable, cloacas o electricidad segura gracias a las obras de infraestructura que no hubiesen sido posibles sin la intervención del Estado, porque a los únicos privados que les interesa que las obras de servicios lleguen a villas y asentamientos somos los propios vecinos. Es inhumano desfinanciar una política que funciona y condenar a millones de argentinos, de niñas y niños a la más cruda exclusión, que genera inseguridad, violencia y riesgos en la salud de más de 5 millones de compatriotas”.

En octubre de 2022, el Senado de la Nación aprobó la reforma a la ley de integración socio-urbana de barrios populares que prorrogó por diez años la suspensión de los desalojos, además de promover el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos y proponer ampliar el alcance de la norma -sancionada originalmente en 2018- declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios.

La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, de la senadora del PRO de Córdoba, Carmen Alvarez Rivero, ante la mirada de la entonces ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta.