El gobierno de Javier Milei decidió retroceder en su intención original de liberar el mercado de biocombustibles para introducir una mayor competencia al esquema que regula ese negocio, tal como adelantó Infobae el 10 de enero pasado. Lo hizo por presiones de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Tucumán a cambio del compromiso de los diputados de esas provincias para acompañar la llamada “ley de Bases” que envió al Congreso. Y también por algunas presiones surgidas desde su mismo núcleo de gobierno.
Bioetanol Río Cuarto es acreedora del 10,5% del volumen de bioetanol que mes a mes asigna la Secretaría de Energía para mezclarse con las naftas que se producen en la Argentina. Es la tercera empresa más favorecida de las 18 que mensualmente elige el gobierno de entre las que pueden vender su producción al mercado local. Solo entre diciembre pasado y este mes de enero se le asignó un cupo de 21.000 m3 de bioetanol que las petroleras debieron comprarle por un valor de 9.742 millones de pesos.
La compañía es propiedad de Manuel Ron y Germán Di Bella. Di Bella es desde mediados de diciembre el subsecretario de Agricultura de la Nación.
Antes, hasta principios de diciembre, Di Bella era secretario de Desarrollo Económico de la localidad cordobesa de Río Cuarto, donde había alcanzado un acuerdo para que los vehículos de esa municipalidad fueran abastecidos prácticamente en un ciento por ciento con bioetanol producido por su propia empresa.
Los cambios propuestos
El proyecto de Milei proponía desregular el mercado y terminar con el escenario que rige desde hace casi 20 años, en el cual es el Estado el que define todo y crea un mercado cautivo para un grupo de empresas, a las que le asegura un volumen de venta a un precio también garantizado.
“Hoy, el Estado genera una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y un precio fijado discrecionalmente, lo que le garantiza multimillonarios ingresos a un puñado de empresas”, cuestionaron desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), donde se agrupa la industria exportadora de la actividad.
En los últimos cuatro años el precio del bioetanol de maíz, fijado por la Secretaría de Energía, aumentó 1315%, mientras que el litro de nafta lo hizo casi la mitad: 741%.
Carbio apoyaba lo referido a “la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual ley 27.240, mediante las cuales se impedía la posibilidad que todos los actores de la cadena pudieran participar” en el abastecimiento de biocombustibles para el corte en el mercado interno.
Sin embargo, la idea del gobierno nacional fue resistida desde el inicio por algunas provincias. Los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Tucumán enviaron ministros a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, jefe de Germán Di Bella, para solicitar la no liberación del mercado de biocombustibles.
La semana pasada, un grupo de diputados encabezados por Marcela Campagnoli enviaron a la Oficina Anticorrupción un pedido de acceso a la información para que informe “si Germán Di Bella, subsecretario de Agricultura de la Nación, ha presentado declaración jurada al día de la fecha y para el caso de que así sea, informe si ha presentado copia de la renuncia a su anterior empleo y declaración jurada de conflicto de intereses”.
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