El Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague $40 millones por los gastos de la protesta a Tribunales

A poco más de dos semanas de la protesta en Tribunales contra el DNU de Javier Milei, el Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre.

La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, e informa que se determinó cuál fue el costo total que el Estado destinó para la marcha. Además, señala que también se logró identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.

Entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.

Tras hacer mención a cada una de ellas, el texto continúa: “En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”.

A continuación detalla: “(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.

Según informaron a Infobae desde el entorno de la CGT, los referentes del sindicato creen que esta carta de documento se hará extensiva a todos y cada uno de los movimientos mencionados en el escrito.

Esta sanción del Gobierno a quienes se movilizaron a Tribunales pocos días después de la asunción de Javier Milei, había sido anticipada por la ministra de Seguridad en el marco de su protocolo antipiquetes.

La iniciativa -que fue una de las primeras comunicadas por Patricia Bullrich al ponerse al frente de la cartera- advertía que habría consecuencias para quienes motiven la movilización de las fuerzas para garantizar el orden público durante alguna manifestación.

“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, había dicho la funcionaria durante la presentación del plan.

En la misma línea había hablado del trabajo que se iba a realizar al finalizar cada marcha para identificar a las organizaciones convocantes y participantes de la misma. Con respecto a este punto, también había hablado de la creación de un registro de las organizaciones presentes en este tipo de hechos y de los que “sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones”.

“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, explicó Bullrich en su anuncio, que complementó lo establecido por el protocolo de seguridad también propuesto por ella para organizar el cuidado de la vía pública.

El pasado 27 de noviembre fue uno de los grandes primeros desafíos para el gobierno de Javier Milei en este sentido. La central obrera realizó su primer acto desde la asunción de La Libertad Avanza y se sumaron partidos de izquierda y movimientos sociales.

Las autoridades porteñas y nacionales afirmaron que la interrupción del tránsito en algunas arterias fue consensuada, aunque se produjeron incidentes en avenida Corrientes y hubo siete detenidos