Los movimientos sociales tendrán menos poder: pierden el control de los fondos del plan Potenciar Trabajo

Los movimientos populares oficialistas apoyaron la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de transferir el Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo a pesar de que les quita el manejo que tenían del millonario programa desde la secretaría de Economía Social. El anuncio fue realizado en las últimas horas por el candidato a presidente de Unión por la Patria. La medida quedó oficializada bajo el decreto 565/2023 y fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de las ministras Victoria Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos. “El ámbito del ministerio de Trabajo es el lugar natural para las y los compañeros que realizan tareas en la economía popular. Es allí donde se discute la realidad del trabajo en Argentina”, opinó Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

En el anuncio, Massa afirmó que el cambio de ministerio tiene como objetivo “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de las personas que se encuentren desempeñándose en el ámbito de la Economía Popular”. La medida comenzará a regir desde el 1° de enero de 2024, es decir, con un nuevo gobierno instalado en la Casa Rosada.

Hasta el momento, el mayor programa del área que conduce la diputada electa Tolosa Paz era administrado, desde la secretaría de Economía Social, por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.

Dirigentes de la Coalición Cívica (CC) denunciaron ante la justicia federal que Pérsico benefició desde su función a las cooperativas del Movimiento Evita con el 55% de los convenios que habría derivado del programa Potenciar Trabajo. Por esa razón, el legislador porteño lo acusó de “estar de los dos lados del mostrador”.

Desde principio del próximo año, esto dejará de ocurrir. “Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral”, anunció el titular del Palacio de Hacienda.

El candidato oficialista también destacó que los beneficiarios van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de las localidades en la que viven y de cada una de las Unidades de Gestión o Ejecutoras -como las cooperativas. También afirmó: “Van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”.

Ante esta novedad, que podría ser interpretada en desmedro de los dirigentes sociales que tienen incidencia directa en el manejo del Potenciar Trabajo, Infobae consultó a los líderes sociales. Todos se expresaron en favor de la media anunciada por el candidato a presidente.

Alejandro Gramajo, quien será a fines de noviembre el nuevo secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en lugar de Esteban “Gringo” Castro, aseguró: “Estamos de acuerdo con que el programa Potenciar pase a Trabajo”. Y agregó: “Creo que abordar el problema del trabajo y la falta de derechos desde la órbita del Ministerio de Trabajo es un avance para empezar a pensar y ejecutar políticas que tiendan a resolver los problemas estructurales de una parte importante de trabajadores y trabajadoras que son parte de la población económicamente activa y que no están dentro de los y las trabajadores y trabajadoras que se encuentran dentro del trabajo formal registrado en el sector público o privado. Desde nuestra perspectiva hay que pensar el trabajo desde la realidad del mundo del trabajo en el siglo XXI”.

-¿Y por qué están de acuerdo con el cambio de Ministerio?

-Abordar este tema desde el Ministerio de Trabajo, reconociendo la economía popular como un actor económico que produce y trabaja, tal cual lo determina la ley de emergencia social votada por unanimidad en ambas cámaras, es el camino correcto para encarar una solución integral. Reconocer que las iniciativas más avanzadas en términos de reconocimiento de una realidad que llegó para quedarse, como la economía popular y comunitaria, cómo bien lo manifiesta el Papa Francisco, han salido de la creación de las organizaciones populares y comunitarias, como el Salario Social Complementario, el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), y el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Esto es un avance a la hora de pensar en la corrección de un rumbo que requiere poner el centro en los hombres y mujeres de carne y hueso que desarrollan una tarea fundamental a la hora de pensar la reconstrucción de la Argentina.

Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, interpretó: “El problema de la pobreza, de la desigualdad, de las injusticias, no es obra del pueblo excluido, sino que es producto de políticas y decisiones políticas que se han tomado por todos los argentinos y argentinas en los últimos 40 años de democracia”.

En la entrevista con este medio, Gramajo reconoció que políticas y programas tomados por el gobierno de Alberto Fernández, como Puente al Empleo, “han tenido un impacto mínimo en la resolución del problema”. Pero propuso: “Hay que pensar la resolución de los problemas, integralmente. Esperemos que esta vez este encadenada a una serie de iniciativas que se tienen que tomar para formalizar la economía popular y no sean medidas que terminen siendo solo anuncios. Hay que avanzar en formalizar, en blanqueo, en crédito para la producción popular, etc”.

La UTEP oficia como el sindicato de la economía popular y agrupa a la mayor cantidad de organizaciones sociales alineadas con la candidatura presidencial de Sergio Massa. De hecho, varias de ellas, como el Evita y Somos Barrios de Pie, militan por su candidatura.

Quien también se manifestó en favor de la medida de Massa fue Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social: “Avalo la decisión de Sergio Massa de pasar los planes sociales al Ministerio de Trabajo”.

Ante una repregunta de Infobae, justificó: “La órbita de la política social de un país que pretenda resolver el problema de la pobreza, es darle a estas políticas un costado productivo. Que se pase los planes de empleo a trabajo, implica darle una mirada productiva y desde el trabajo a la gestión para poder combatir la pobreza. Nos parece una medida correcta y va en el camino de transformar la política social para resolver la problemática de la desigualdad y de la pobreza en Argentina”.

Por otro lado, Menéndez agregó: “Venimos planteando hace años que la salida es más trabajo con derechos. El ámbito del ministerio de Trabajo es el ámbito natural para las y los compañeros que realizan tareas en la economía popular. Es allí donde se discute la realidad del trabajo en Argentina, hasta ahora más ocupado de la economía formal”.

Todos los dirigentes sociales consultados respondieron con definiciones similares. Sin embargo, en off, es decir sin revelar sus nombres, reconocieron que, si ese anuncio lo realizaba el Libertario Javier Milei, otra hubiese sido la reacción. “Massa se comprometió a tomar la agenda de la economía popular, en cambio, Milei, viene a sacarnos derechos”.