Tras el anuncio, el traspaso de la organización de las elecciones a la secretaría general de la Presidencia aún no se concretó

La determinación de Eduardo de Pedro de traspasar la Dirección Nacional Electoral (DINE), desde el ministerio del Interior a la Secretaría General de la Presidencia —que conduce Julio Vitobello— todavía no se concretó. Se había tomado esa decisión y el ministro la comunicó a través de su cuenta de Twitter el viernes 30 de junio: seis días después del cierre de listas y tras un acuerdo de palabra entre los titulares de las dos dependencias pero aún faltan detalles en el proceso administrativo.

La DINE depende, hasta que se produzca esta modificación, de la Secretaría de Asuntos Políticos de Interior. El traspaso va a realizarse a través de un decreto presidencial de necesidad y urgencia enmarcado en la Ley de Ministerios. En eso se encuentran trabajando la Secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y sus colaboradores. Se adoptó esta postura para evitar suspicacias y también un conflicto ético en las PASO que se avecinan ya que De Pedro será candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en la coalición oficialista de Unión por la Patria. Tendría vigencia hasta el 10 de diciembre de este año y saldría publicado en el Boletín Oficial en esta semana o en la próxima.

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“Debemos preservar lo que conseguimos todos juntos: un proceso electoral confiable, transparente, ágil y con el acuerdo de todos los sectores, sacándolo de cualquier discusión coyuntural de campaña. Es por ello que, pese a no existir incompatibilidades, junto al presidente @alferdez decidimos transferir la @InfoDINE a la Secretaría General de la Presidencia”, había publicado De Pedro en un breve hilo de tuits.

“El Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, el Comando Electoral, el Correo Argentino, los partidos políticos, y ciudadanía argentina son protagonistas, cada dos años, de elecciones que son reconocidas por su eficacia y confiabilidad. Con esta decisión, seguimos trabajando para fortalecer aún más un proceso electoral que, en las elecciones legislativas de 2021 y aún en pandemia, demostró ser el más eficiente, rápido y transparente”, concluyó hace una semana.

Esa dependencia, la DINE, está a cargo de Marcos Schiavi desde que sucedió a Diana Quiodo en marzo de 2022 cuando la funcionaria que había supervisado los comicios de medio término en 2021 y que es diplomática de carrera se fue a trabajar a Chile. En un principio se evaluó la posibilidad del traspaso a la órbita de Justicia, pero se la desechó porque su titular —Martín Soria— también es candidato a diputado por su provincia de origen, Río Negro. Y más tarde ocurrió lo mismo con la Jefatura de Gabinete: Agustín Rossi será el acompañante de Sergio Massa en la fórmula del oficialismo.

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La DINE quedará entonces en una de las únicas áreas no comprometida políticamente con las elecciones, la de Vitobello, luego de que Alberto Fernández decidiera renunciar a la reelección. Desde la Secretaría General, Vitobello, un hombre de su extrema confianza, se encarga de asistir a Alberto Fernández en el diseño de políticas públicas, la elaboración de mensajes; tareas de ceremonial y protocolo, y relaciones con la sociedad civil.

En 2015 hubo una situación parecida cuando Florencio Randazzo le había pasado la DINE a Justicia, entonces al mando de Julio Alak. Finalmente Randazzo no fue candidato y Cristina Kirchner prefirió a Daniel Scioli.

Schiavi en las últimas semanas avanzó con la estructuración de las elecciones generales en todo el país junto a la Cámara Nacional Electoral (CNE). Recientemente encabezó la cuarta reunión del Consejo de Seguimiento de los partidos políticos. Y el jueves 29 había recibido en el Salón de Pueblos Originarios a todos los jueces electorales del país para repasar detalles de organización y financiamiento. Antes, había participado de la firma del Compromiso Ético Digital 2023 con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; el vice, Santiago Corcuera; el juez de Cámara, Daniel Bejas; junto a representantes de distintos partidos políticos, del poder judicial y de empresas tecnológicas.

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