Este sábado, vecinos de El Marquesado detectaron que un grupo de unas 40 personas, que pertenecen al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois, se habían asentado en un campo de 140 hectáreas al sur de Mar del Plata, que pertenece al Estado Nacional y que fue cedida a ese espacio por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABA), que preside Eduardo Albanese.
Tras los reclamos, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, prepara una denuncia penal contra Albanese por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El jefe comunal considera que la determinación del organismo estatal es discrecional. “No pueden entregar algo por sí, porque se me ocurre, es absurdo”, opinó en diálogo con Infobae. “Los actos administrativos tienen que estar motivados”, indicó.
Montenegro aseguró que se enteró de la llegada de los militantes al predio -ubicado en Playa Escondida, entre Chapadmalal y Miramar y a 4 kilómetros de la residencia presidencial-, por los vecinos y que el AABA no consultó al municipio su postura para ejecutar la medida.
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Sin embargo, aclaró que el jueves pasado, Gabriela Carpineti, la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, comunicó la toma de posesión del terreno para la constitución de huertas agroecológicas y viviendas. “Recientemente, tuvimos dos tomas de grupos de personas organizadas. Una ya fue desalojada, la otra está en ese proceso”, indicó el jefe municipal.
Al mismo tiempo, vecinos que habitan en la zona dijeron que el lugar que eligió la agrupación, a la altura del kilómetro 569 de la ruta 11, frente al mar, no es el más apropiado para cultivar porque es “arenoso y con mucho viento”. Además, puntualizó que los servicios básicos no llegan hasta ese sector alejado de la ciudad balnearia.
En tanto, este domingo, los vecinos convocaron una marcha frente a Playa Escondida, “en protesta y repudio a Grabois y su gente por el avasallamiento y su política de conurbanizar nuestro Chapadmalal”.
El presidente de la Sociedad de Fomento El Marquesado, Marcelo Bolonio, comunicó que harán un corte parcial de la ruta, una medida “simbólica”, frente a la tranquera que los militantes cerraron con candado. “Nos amenazaron con que iban a traer cinco colectivos más para rompernos a todos”, indicó en un audio en el que pidió presencia de vecinos de Mar del Plata.
Bolonio también señaló que los integrantes del MTE pasaron la noche en edificios de Chapadmalal.
En tanto, la agencia estatal que dirige Albanese aclaró que el inmueble fue cedido “en custodia provisoria” a la asociación civil “Tercer Tiempo” y que “ninca dejará de ser del Estado nacional”. Al mismo tiempo, desmintió que el proyecto incluya la construcción de viviendas.
“Se autoriza un proyecto de producción agroecológica a una cooperativa de tierra que estaba completamente abandonada, en desuso y con peligro de intrusión”, explicaron desde el organismo a Télam, e informaron que para desarrollar la iniciativa la asociación civil deberá realizar los “estudios de impacto ambiental”.
Los habitantes de la zona contaron que esta semana se habían reunido con representantes del proyecto del MTE, entre ellos “la encargada, María Inés Cusan, el abogado Maximiliano Álvarez y el ingeniero agrónomo Roberto Cittadini”. En ese encuentro, de acuerdo a su relato, les habían informado que los interesados “tenían la intención de llevar a cabo un estudio de suelos para realizar huertas comunitarias sin agrotóxicos, tambos, viviendas, escuela y salas de primeros auxilios”.
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En principio, comentaron, “serían 100 familias” que “viven y cultivan en Batán y Sierra de los Padres, y gente del MTE de Grabois”. Los vecinos aseguran que “no hay fundamento para hacer esto acá”. Entre sus argumentos, sostienen que el “impacto ambiental” puede ser “desastroso” en los barrios que rodean a El Marquesado, donde “todos padecen los cortes de luz por falta de inversión en infraestructura”.
“Imagínense con 100 familias más, que en realidad van a ser muchas más, pozos ciegos que van a tener que hacer en ausencia de cloacas, hay que ver las napas de agua que no se contaminen con tanta cantidad de personas, no tenemos obras hídricas y sin campo que las absorba vamos a empezar a tener inundaciones”, consideraron.
Además, afirman que el proyecto va contra el “estilo de vida” del lugar: “Nuestra ciudad y todos los que elegimos los barrios del sur vinimos a buscar tranquilidad y no queremos un Conurbano dónde empiece la delincuencia, las drogas y todo lo que ello conlleva”.
La funcionaria de Nación Carpineti, que acompañó a los militantes que se establecieron en el predio, consideró que “el Estado Nacional, en absoluta legalidad y ejercicio de su autoridad, cumpliendo con todo marco normativo, otorgó la custodia de un campo que es propiedad del Estado y está en desuso hace décadas, para el desarrollo de una colonia agroecológica”.
“Esta es una forma de custodiar las tierras fiscales para evitar ocupaciones ilegales. El rol del Estado es desarrollar políticas orientadas al bien común, como lo hizo Evita cuando construyó aquí mismo los hoteles donde millones de trabajadores pudieron veranear por primera vez”, cerró la funcionaria sobre la medida que generó rechazo en el arco opositor.
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