El Congreso Nacional de Honduras conoció la presentación de dos iniciativas legislativas enfocadas en educación y bienestar social, que ponen sobre la mesa el debate sobre la atención psicológica en centros educativos y el financiamiento estatal de la seguridad en escuelas y colegios públicos.
Una de las propuestas más relevantes es la denominada Ley Camila, presentada por la diputada nacionalista por Choluteca, Ileana Velásquez, la cual plantea la creación, ampliación y asignación obligatoria de plazas para profesionales de la psicología en centros educativos, hospitales y centros de salud a nivel nacional.
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La iniciativa surge en un contexto de preocupación por el incremento de casos relacionados con la salud mental en el país. Según la exposición de motivos, en 2025 se registraron más de 200 suicidios en Honduras, una cifra que, de acuerdo con la legisladora, evidencia la necesidad urgente de fortalecer la atención psicológica como política pública.
Velásquez señaló que los trastornos depresivos y los cuadros de ansiedad representan actualmente algunas de las principales problemáticas de salud mental en la población, especialmente entre niños y jóvenes en edad escolar. La diputada añadió que muchos de estos casos están asociados a entornos de violencia intrafamiliar, abuso y situaciones de vulnerabilidad en el hogar.
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La propuesta plantea que la salud mental sea abordada de manera integral dentro del sistema educativo, incorporando personal especializado que brinde acompañamiento psicológico permanente a estudiantes y docentes.
Las propuestas han generado debate en redes sociales y espacios digitales especializados en salud mental, donde psicólogos y organizaciones coinciden en la urgencia de fortalecer la atención psicológica en el sistema educativo.
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Respaldan propuestas
El Colegio de Psicólogos de Honduras ha reiterado en diversas ocasiones que el país enfrenta una brecha significativa en atención en salud mental, especialmente en centros públicos, donde la demanda supera ampliamente la disponibilidad de profesionales.
En foros y publicaciones digitales, especialistas en salud mental sostienen que la incorporación de psicólogos en escuelas no solo ayudaría a detectar a tiempo casos de depresión y ansiedad, sino también a prevenir situaciones de riesgo como el suicidio juvenil y la violencia escolar.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido en distintos informes regionales que los trastornos mentales no tratados en adolescentes pueden impactar el rendimiento académico, la convivencia escolar y aumentar el riesgo de abandono educativo.
En ese contexto, psicólogos consultados en espacios académicos digitales subrayan que la presencia permanente de profesionales en centros educativos permitiría crear entornos más seguros, además de fortalecer programas de prevención, orientación emocional y acompañamiento familiar.
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Salud mental y seguridad
En paralelo, el diputado del Partido Nacional por Atlántida, Remberto Zavala, presentó un anteproyecto de ley orientado a que el Gobierno asuma el pago del servicio de vigilancia en los centros educativos públicos del país.
Actualmente, en muchos centros escolares, los padres de familia son quienes financian la contratación de personal de seguridad para resguardar las instalaciones, cubrir distintas jornadas académicas y prevenir robos o daños al mobiliario educativo.
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Zavala explicó que la iniciativa busca eliminar esta carga económica para las familias, garantizando que el Estado asuma de forma permanente la contratación de personal de vigilancia en todos los centros educativos del país, de acuerdo con las necesidades de cada zona.
La propuesta también establece que la seguridad en los centros educativos debe ser institucional, con personal debidamente asignado y certificado, prohibiendo que los costos sean trasladados a asociaciones de padres de familia, patronatos o juntas escolares.
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Las iniciativas legislativas continuarán su proceso de discusión en el Congreso Nacional, donde se espera que sean sometidas a debate en las próximas sesiones legislativas.
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