Entre las internas y los pedidos de cambios de la oposición, el Gobierno no logra avanzar con la reforma electoral

Con el dictamen de propiedad privada ya obtenido, el oficialismo se apresta para avanzar en el debate de la ley de reforma electoral que pide la Casa Rosada. Pero, como viene sucediendo desde hace un tiempo, ese avance se da en medio de tensiones internas.

El Ejecutivo envió un proyecto al Senado el pasado 22 de abril y, a punto de cumplirse un mes, casi no obtuvo tratamiento de comisión. Solo hubo una reunión de carácter informativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por el senador oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego)— con una exposición de Luz Landivar, asesora del Gobierno y ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Luego de ese encuentro, el oficialismo no volvió a convocar a la comisión para debatir este tema.

La razón de la falta de celeridad —algo que no suele ocurrir con los proyectos que parten del Ejecutivo y mucho menos de la Secretaría General de la Presidencia— es bastante simple: no cuentan con el apoyo de los socios parlamentarios.

El proyecto oficial tiene varios puntos, pero hay dos que incomodan a los bloques dialoguistas, que ya adelantaron que no lo acompañarán. Por un lado, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, por el otro, la incorporación de Ficha Limpia como uno de los artículos del proyecto y no como una ley propia.

En este esquema, la jefa del bloque del PRO, Patricia Bullrich, apeló a su experiencia de política profesional y abrió el juego a la discusión. La respuesta de la Casa Rosada llegó de manera tajante: el proyecto es el que se mandó. No otro.

Pero la ex candidata a presidenta de la Nación por el PRO no suele encuadrarse tan fácil y juega a ganar, por lo que mantuvo conversaciones con la oposición en busca de una salida y parece haberla encontrado. Según trascendió, el acuerdo al que intentan llegar es el de “desguazar” la ley y sacar del proyecto Ficha Limpia, pero con la condición de que se dictamine y vaya al recinto el mismo día. Por otro lado, aún se debate la posibilidad de eliminar o no las PASO.

Como sucede habitualmente, los oficialismos tienen menos debate interno para sus candidatos, por lo que no les interesan las PASO, y La Libertad Avanza no es la excepción.

En ese sentido, habría una propuesta de sacar Ficha Limpia de la ley y tratarla por separado. Pero eso se puso sobre la mesa con una condición: todo tiene que ir junto al recinto.

En este esquema, las negociaciones hoy parecen paralizadas. La llegada de la Ley Hojarasca y de la ley que modifica Zona Fría —con la promesa de crear un sistema para subsidiar la electricidad en Zona Caliente— agrega condimentos a una negociación en la que hasta ahora chocaban de frente los partidos —el PRO y la UCR versus LLA— y a la que en los próximos días se sumarán los intereses particulares de cada uno de los gobernadores, que no siempre coinciden con los partidarios, por lo que habrá más cartas negociadoras en la mesa.

La reforma

El proyecto de reforma política que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso en abril propone ocho modificaciones al sistema electoral: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la selección de candidatos a cargos nacionales, la incorporación de Ficha Limpia para inhabilitar a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) con la reincorporación del casillero de lista completa, y una reducción del financiamiento público a los partidos con ampliación del aporte privado hasta el 35%. El texto de 79 artículos también elimina los espacios gratuitos en medios audiovisuales para publicidad electoral, suprime el debate presidencial obligatorio, pone fin a las elecciones directas del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y establece nuevas exigencias para obtener y mantener la personería jurídica partidaria.

La iniciativa necesita mayoría absoluta en ambas cámaras —al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados— para convertirse en ley, un umbral que el oficialismo aún está lejos de garantizar.