Mientras la Oficina de Presupuesto del Congreso termina de elaborar un informe sobre el costo fiscal del proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en Santa Fe, el Frente de Todos comenzó el proceso de búsqueda de consensos para convocar a una sesión especial de la Cámara de Diputados para este 28 de marzo.
La semana pasada, en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, oficialismo y oposición firmaron un dictamen unificado del proyecto elaborado por los 18 legisladores de Santa Fe de diferentes fuerzas -Frente de Todos, el PRO, la UCR y el Socialismo-. Sin embargo, la iniciativa todavía debe pasar por la comisión de Presupuesto, que preside el oficialista Carlos Heller.
Según dejaron trascender desde la bancada oficialista, el objetivo era poder terminar con el trámite esta semana, pero para eso era necesario primero contar con el informe del impacto presupuestario que tendría la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.
En el mejor de los casos, la comisión de Presupuesto será convocada para la semana que viene (probablemente el miércoles), dejando un margen de tiempo acotado pero viable para debatir el texto el martes 28.
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará su primer informe de gestión el 29 de marzo. Por lo que el Frente de Todos buscará aprovechar que “todos los diputados estarán en CABA” para organizar una sesión el día anterior.
La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial —como el que rige en Estados Unidos—, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.
Por otro lado, la segunda iniciativa que podría completar el temario para la sesión del 28 es el llamado “Monotributo tech”, que les permitirá a los exportadores de servicios contar con las divisas de sus honorarios facturados a clientes del exterior con un tope de 30 mil dólares anuales, a cambio del pago de una suma impositiva integrada.
Sin embargo, el escenario es más complejo ya que este proyecto no tiene un consenso tan amplio. Durante el debate en comisión, desde el PRO manifestaron diferentes críticas y Juntos por el Cambio no firmó el dictamen. En la misma línea, los diputados del Interbloque Federal también tenían dudas “de fondo”, a raíz de los planteos de organizaciones Pyme del sector. Ante la consulta de Infobae, desde la oposición deslizaron que podrían abstenerse, lo que dejaría el camino libre para el oficialismo.
El proyecto apunta a diferentes nichos que actualmente no declaran estos ingresos para no tener que convertirlos a pesos al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, existe un grupo importante de contribuyentes argentinos que trabajan para el exterior como programadores y que, con una medida de esta naturaleza, tendrían menos dificultades para cobrar sus honorarios en moneda extranjera.
También incluirá a gamers, es decir, a personas que participen en competencias de e-sports a nivel profesional y que cobren una remuneración por esa actividad. Hay jugadores profesionales que participan en torneos internacionales o que compiten para organizaciones extranjeras, incluso desempeñándose dentro de la Argentina.
El mono tech tendrá cuatro categorías. Las primeras tres son para quienes no estén además adheridos al monotributo “local”. La primera incluirá aquellos contribuyentes que exporten por hasta USD 10.000 anuales (unos USD 833 por mes). La categoría 2 contemplará a quienes facturen hasta USD 20.000 por año (1.666 dólares por mes). Por último, la categoría más alta será la que tenga habilitada hasta una facturación anual de USD 30.000, es decir 2.500 dólares por mes.
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