El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y el senador nacional, Alfredo Cornejo, encabezaron una conferencia de prensa en la ciudad de San Rafael, Mendoza, en la que denunciaron maniobras ilegales que tienen como fin apropiarse de terrenos fiscales en la Patagonia para luego venderlos a extranjeros a precios de mercado, en operaciones que involucrarían varios millones de dólares.
La supuesta red apuntada en la denuncia pública estaría conformada por funcionarios nacionales y municipales afines al kirchnerismo, “falsos mapuches” y tendría como destinatarios a personas extranjeras con capacidad de pago.
Pichetto y Cornejo estuvieron acompañados por el senador del PRO por Chubut, Ignacio Torres. Los tres describieron que la maniobra consistiría en entregar tierras fiscales a supuestos integrantes de la comunidad mapuche quienes, a su vez, según los denunciantes, simulan la compra de las tierras a valores muy por debajo de los que registra el mercado. Luego de atravesar una serie de trámites en el Estado, a distintos niveles, las revenden a precios que multiplican varias veces el valor pagado.
Todo el hecho se agrava, según los funcionarios, por tratarse de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
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“No podemos permitir que nuestra soberanía se vea amenazada”, advirtió Pichetto, en tanto que Cornejo reforzó, ante un auditorio colmado en la Universidad Nacional de Cuyo: “Rechazamos de forma rotunda darle tierras a autopercibidos mapuches”
El caso testigo
Durante su exposición, los dirigentes exhibieron como prueba documentación relacionada con el denominado “caso Mamul”. Se trataría de una operación inmobiliaria sobre un campo de 20 mil hectáreas en los bordes del Lago Rosario, en la provincia de Chubut.
El hecho denunciado se relaciona con una operación que data del año 2000 y tiene como protagonista al ex intendente de la municipalidad de Trevelin, Carlos Hugo Mantenga, hoy diputado provincial del kirchnerismo en la provincia patagónica. En concreto, señalaron que el campo se habría adquirido en 35 mil dólares, para revenderse siete años después, en 7,8 millones de dólares a un ruso llamado Alexander Katunin, a quien los denunciantes definieron como “oligarca”.
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Además, agregan, el costo real de mercado al día de hoy de esa estancia se ubicaría en torno a los 100 millones de dólares, y abarca el 45% del Lago Rosario, una de las reservas de agua dulce más grandes del país.
Los organismos estatales apuntados por Pichetto y Cornejo en su denuncia son la Dirección Nacional de Zona de Seguridad y Frontera, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y tiene entre sus funciones vigilar las operaciones inmobiliarias que ocurren en regiones consideradas sensibles por estar en el límite con otras naciones.
También apuntaron contra el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), ya que habrían posibilitado la operación otorgando documentación apócrifa, de manera ilegal, a los extranjeros que habrían participado de las maniobras de compra de los terrenos.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Unidad de Información Financiera (UIF) también tienen responsabilidad por acción y/u omisión, de acuerdo a la exposición del auditor general de la Nación y los legisladores.
Luego de exponer, los senadores aseguraron que realizarán un pedido de informes en el Congreso para que los organismos que estarían involucrados en la red den cuenta de la denuncia.
La actividad fue acompañada por los legisladores nacionales Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Fernando Iglesias y Juan Carlos Romero, todos de Juntos por el Cambio.
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