Mendoza se quejó ante el Gobierno por la entrega de tierras a mapuches y se prepara para ir a la Corte Suprema

La provincia de Mendoza se presentó hoy en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y dejó en mesa de entradas los recursos administrativos con los que busca revertir las resoluciones con las que el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, entregó terrenos a diferentes comunidades mapuches.

En representación de Mendoza, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, presentó tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del INAI por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches.

Según explicaron desde la provincia cuyana, los recursos fueron analizados por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en conjunto con el fiscal de Estado y el asesor de Gobierno y cada uno corresponde a cada Resolución por las que el INAI entregó poco más de 25.000 hectáreas en la provincia.

“En los recursos que estamos presentando hoy se van a plantear todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos”, señaló Ibáñez mediante un comunicado.

“Las resoluciones del INAI presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”.

El conflicto que se presente para la provincia es que el mismo organismo que fue el que definió la entrega de las tierras es el que tiene que aprobar o desestimar el recurso administrativo, por lo que entienden que el proceso es necesario pero que será inconducente. “Esto termina en la Corte Suprema con una nueva demanda de la provincia contra el Estado nacional”, señalan desde la administración cuyana.

Entre los principales cuestionamientos que plantean los documentos se señala que “falta de rigor científico” en lo que se refiere a los aspectos históricos, principalmente porque, señalan, que los relevamientos realizados por el INAI “no ha demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino. Por el contrario, se ha acompañado con los recursos presentados un anexo con información histórica y abundante bibliografía en el materia, que da cuenta que esta provincia fue habitada por dos grandes grupos, uno encabezado por los huarpes al norte y los pehuenches y puelches al sur y que no ha habido presencia ancestral de los pueblos mapuches en el sur de la provincia de Mendoza”.

También se cuestiona el procedimiento, ya que dicen que el decidió optar, “sin fundamento alguno”, por un procedimiento centralizado, sin participación de la Provincia. “La Ley y sus propias resoluciones, disponen la necesaria intervención provincial. Incluso existe un convenio firmado en el año 2009 entre el INAI y la provincia de Mendoza en el que las partes se comprometieron a actuar mancomunadamente en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas de la Provincia de Mendoza, conforme lo normado en el artículo tercero de la Ley 26160″.

“El INAI ha dictado las resoluciones sin contar con informes dominiales del Registro de la Propiedad y sin haber comunicado a la Provincia los dictámenes, conclusiones, informes y demás elementos considerados para llegar a las Resoluciones”, señalan los documentos presentados en Mesa de Entrada del Instituto.

Por último, señala que las resoluciones del INAI “desconocen en forma expresa” decisiones adoptadas por Tribunales provinciales que han evaluado la situación de las comunidades y han concluido en la inexistencia de posesión y/u ocupación actual, tradicional y pública de los terrenos en conflicto.

Asimismo, se cuestiona también el hecho de haber avanzado en dos de los casos (Lof el Sosneado y Lof Suyai Levfv), no obstante carecer las comunidades de personería jurídica, cuando la normativa expresamente lo exige como condición para el reconocimiento de cualquier tipo de ocupación. Tampoco explica, ni aporte elemento alguno el Instituto, que permitan tener por acreditada la preexistencia de las comunidades.

Es importante destacar que en el caso de la comunidad Lof Limay Kurref, si bien cuenta con personería, no se ha dado participación a la provincia en el trámite de registración, no obstante ser esa participación necesaria conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso “Neuquén c/ INAI).

Por otro lado, los documentos cuestionan que entre los activos que el Gobierno nacional está entregando a los “autopercibidos mapuches”, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta, en el sur de Malargüe.

“En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF. Es en la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en la provincia. Sobre las áreas reconocidas existen dos que están comprometidas con actividad petrolera: una que cuenta con 23 pozos en El Sosneado. El operador de esa área es Emesa -empresa cuyos accionistas son la Provincia de Mendoza y sus municipios-, y su objetivo es incrementar el valor de los activos energéticos”, explica uno de los documentos.

“En la otra, también están incluidos 30 pozos, ésta es un área en crecimiento de actividad petrolera, en la formación Vaca Muerta. Así, cada instalación que hay en un campo, el control supervisario por la actividad petrolera cobra una renta (servidumbre) por el uso de la tierra”, agrega.

En todos los documentos presentados se pide la inmediata “suspensión” de todos los actos administrativos hasta que haya una definición señalando la posibilidad de avanzar con medidas cautelares y denuncias penales contra los funcionarios.

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