La oposición agrupada en Juntos por el Cambio expresó su repudio al documento oficial que el Gobierno presentará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que deliberará en Ginebra, en el cual asegura que jueces y fiscales llevan adelante “procesos penales fraudulentos” para lograr “la proscripción de figuras centrales” del oficialismo, como Cristina Fernández de Kirchner.
“Repudiamos la acción de los representantes del gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, reza el comunicado de la principal coalición opositora.
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Los opositores se refirieron, así, al informe redactado por la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce el dirigente kirchnerista Horacio Pietragalla, y que contó con el apoyo técnico de la Cancillería que lidera el ministro Santiago Cafiero, mano derecho de Alberto Fernández. El texto, que tiene treinta fojas, será presentado por el mismo Pietragalla en Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto al representante de la Argentina en Ginebra, Federico Villegas Beltrán.
Los referentes de PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR) se dirigieron a Naciones Unidas para desmentir el informe de antemano. “Es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos en todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y, en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvieron.
Y dijeron que el Gobierno “miente” a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.
La presentación de la oposición lleva la firma de los tres partidos, pero la Coalición Cívica -a través de un comunicado propio- tomó la iniciativa cuando leyó la decisión del Gobierno en Infobae. El presidente de la fuerza que lidera Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el bloque de legisladores nacionales de la CC manifestaron su rechazo enérgico al informe que presentará el Gobierno y la consideraron “un nuevo ataque al estado de derecho y otro papelón internacional”.
“El informe es una vergüenza y atenta contra nuestra historia en materia de derechos humanos”, afirmaron desde la CC. “Hablar de ´lawfare´ o ´guerra jurídica´ es una excusa para violar la independencia judicial”, agregaron. “Los gobiernos autoritarios siempre usaron tácticas para crear tribunales afines al poder de turno. No es más que otra excusa para no cumplir las sentencias”, finalizaron.
Desde el gobierno de la Ciudad, se expresó el secretario de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, al señalar la contradicción entre las denuncias ante la ONU y la promoción de la visita de Nicolás Maduro a la Argentina: “El lunes, el gobierno de Alberto Fernández, enojado con la división de poderes, va a denunciar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que hay “lawfare” y “guerra jurídica”. El martes, será anfitrión de tres dictaduras que pisotean el Estado de Derecho. Consistencia internacional que daña la imagen de la Argentina”, sostuvo.
Polémica por la llegada de Maduro
Por otro lado, en términos de relaciones internacionales, se encuentra próximo a llegar a Buenos Aires el dictador del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, invitado por Alberto Fernández. Ante este hecho, un grupo de venezolanos residentes en Argentina presentó una denuncia contra el presidente de su país, en la que pidieron que se lo indague el próximo martes, cuando arribe a Buenos Aires para participar de la cumbre de la CELAC, que preside Alberto Fernández.
La presentación legal se refiere a “formas de tortura, no solo físicas sino también psicológicas, amenazas de violaciones, encierros en cárceles con poco aire y hacinadas de personas, donde se generaban -con el paso de los días- enfermedades, en donde no recibían atención médica y, si los recetaban, no les daban los medicamentos correspondientes”, según uno de los testimonios que el abogado Tomás Farini Duggan brindó a Infobae tras recabar información para intentar citar a declaración indagatoria al dictador venezolano, en su próxima visita al país.
Según el letrado, la nula defensa -a través de un letrado particular- y el “cero interés” del defensor que le provee el Estado a cada detenido, movilizó a que presente la denuncia a través de FADER (Foro Argentino para la Democracia en la Región), firmada por su titular, el diputado Waldo Wolff, y también contra Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y José Daniel Ortega, de Nicaragua.
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Los querellantes son dos refugiados políticos de Venezuela, con pedido explícito de reserva de identidad, por miedo a que sus familias y amigos, que aún viven allá sufran represalias por parte del gobierno local. “Estos dos hombres documentaron las torturas con objetos que fue sumado a todo lo presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, perteneciente a las Naciones Unidas, que detalla como el gobierno de Venezuela ejecuta, tortura y secuestra a ciudadanos en ese país”, dice Farini Duggan.
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