
Nicolás Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del atentado contra Cristina Kirchner, no podrá salir por ahora de la cárcel de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva. La Cámara Federal había ordenado evaluar medidas alternativas de detención y la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. Tanto el fiscal Carlos Rívolo como la querella de la vicepresidenta se opusieron. Y la jueza María Eugenia Capuchetti decidió rechazar el pedido de la defensa.
“Continúan vigentes los riesgos procesales ya analizados, los cuales no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado Carrizo, como la detención bajo la modalidad solicitada por la defensa que motivó la formación de este incidente; no resultando suficiente para asegurar su comparecencia al proceso y, a su vez, salvaguardar la investigación de posibles maniobras que la puedan entorpecer”, sostuvo Capuchetti en una resolución a la que accedió Infobae, firmada en la noche del lunes.
En paralelo la jueza trabajaba sobre la contestación al planteo de recusación que formuló la querella de Cristina Kirchner. Con pirotecnia verbal, los abogados de la vicepresidenta pidieron su apartamiento, aunque admitieron que el pedido de apartamiento “no se debe a una situación concreta”, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente” .
Las causales de recusación están delimitadas. Ahora la jueza debe responder a la argumentación de la querella. Si resuelve darle la razón, queda automáticamente apartada. Si lo rechaza, el caso se eleva a la Cámara Federal para que uno de los jueces de la Sala I sea sorteado para resolver qué posición avala.
Precisamente, la Cámara Federal tiene a su estudio el pedido de la querella en busca de secuestrar los celulares de dos secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman. Un asesor legislativo de un diputado del Frente de Todos dijo haber escuchado al ex funcionario de Seguridad del macrismo decir 48 horas antes del atentado: “cuando esté muerta yo voy a estar camino a la costa”. Las dos colaboradoras que estaban con él en el bar Casablanca aseguraron que nunca dijo eso. La querella pidió secuestrarle los celulares a las testigos. La jueza lo rechazó porque no estaba fundado.

Ese fue el quiebre entre la jueza y la querella que derivó en el anuncio de Cristina Kirchner de pedir el apartamiento de la magistrada. CFK la acusó a la jueza de mentir y de no avanzar en las pistas políticas “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Carrizo”, dijo la querella.
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La Cámara Federal viene respaldando todas las decisiones de la jueza. No tuvieron que pronunciarse sobre el procesamiento de Sabag o Uliarte porque sus defensas no apelaron la decisión y pidieron ir rápido a juicio. A través del juez Mariano Llorens, también validaron que no se investigan las actividades de Revolución Federal dentro de la causa hasta que no hubiera pruebas concretas que ligara a esa agrupación al atentado. Pero revocaron el procesamiento de Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, hoy con falta de mérito y en libertad.
A Carrizo lo terminó de meter preso su celular, que entregó como testigo. “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, le dijo en un chat a su hermanastra Andrea después del atentado. Estaba preocupado porque él les había dado un arma calibre .22 que pensó que habían usado para intentar ejecutarla. Y al mismo tiempo celebraba lo sucedido: “Cristina tiene miedo. Salió mal pero tiene miedo. Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien”. En su indagatoria, afirmó que le estaba haciendo una broma porque su hermanastra es kirchnerista.
En otros chats, después del atentado, Brenda le pide a Carrizo: “Gaby. Por favor lo que paso no lo difundan hagamosnos los pelotudos. Vos no sabes nada”. Y agrega: “Porque sino vamos a caer todo en la volteada”. Carrizo le dice que la van a investigar y añade: “Estamos todos juntos. A la mierda esa cristina”. “No lo creo. La próxima voy y gatillo yo. Nando fallo. Yo si se disparar bien no me tiembla la mano”, le dice Brenda. “Querés hacerlo?”, le dice unos minutos después Carrizo y Brenda le responde: “Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica le tembló el pulso”.
En la misma resolución en donde se confirmó el procesamiento del jefe de los copitos, los jueces Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia le ordenaron a la jueza Capuchetti que evaluara una morigeración en su detención, es decir, la posibilidad de la prisión domiciliaria o el uso de una tobillera electrónica. Además, le quitaron el agravante del intento de homicidio con alevosía, algo que había consentido la querella de la Vicepresidenta.
Fue entonces que la defensa de Carrizo pidió el arresto domiciliario, al compás de haber presentado a un grupo de testigos que respaldan su postura. El abogado Gastón Marano se comprometió a que si lo sacaban de la cárcel su cliente no tendría “contacto alguno, en forma presencial o telemática, con imputados en esta causa o con testigos, sin previa autorización del tribunal y previa expresión de motivos”. Tampoco usaría internet y prometía no tener si quiera discusiones políticas ni siquiera en redes sociales o grupos. Juraba además no consumir en exceso alcohol o drogas.
Pero la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica elaboró un Informe Técnico de Viabilidad e Informe de Condiciones Sociales y Ambientales de Carrizo y concluyó que “no es posible determinar certeramente las condiciones sociales y ambientales para el ingreso” del procesado a ese programa.

Tanto Rívolo con los abogados de CFK rechazaron el pedido de la defensa. “La libertad de Carrizo generaría enormes riesgos procesales. Como ya hemos visto y dicho, Carrizo intentó engañar a la justicia presentándose como un simple testigo, cuando su culpabilidad era manifiesta. Además, casi todos sus allegados lo señalan como mentiroso y fabulador, por lo que es altamente probable que mienta nuevamente. Además, como veremos, Carrizo también ha mentido sobre los motivos que habilitarían o harían necesaria su detención domiciliaria”, opinaron los abogados de la vicepresidenta.
La jueza resolvió rechazar el pedido. “La modalidad de detención propiciada no resulta suficiente para aplacar los riesgos procesales mencionados. En definitiva, las circunstancias expuestas me llevan a concluir que continúan vigentes los riesgos procesales”, dijo la magistrada.
“Por compartir los criterios expuesto por el Sr. Fiscal y la querella, cuyos argumentos doy por reproducidos en el presente en honor a la brevedad, encontrándose vigentes las razones que justificaron del encierro preventivo de Gabriel Nicolás Carrizo, ampliamente explicadas por este Tribunal al momento de rechazar su pedido de libertad y dictar su prisión preventiva, es que resuelvo no hacer lugar al beneficio de la prisión domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo”, escribió. La defensa podrá apelar ahora ante la Cámara Federal.
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