Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, pidió hoy su absolución en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz que recibió el empresario Lázaro Báez de 2003 a 2015 durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Lo hizo a través de sus abogados, Enrique Arce y Nicolás Guzmán, que en sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 plantearon que la acusación en su contra está prescrita.
Arce dijo que solo hay dos motivos por los que Kirchner podría ser condenado. “Los dos motivos que podrían provocar su condena no podrían hacerse explícitos. El primero de los motivos es su apellido. En alguno de los actos procesales de esta causa se mencionó su relación de parentesco con Néstor Kirchner. Eso es un resabio muy primitivo del derecho donde se juzgaba por clanes. El otro motivo oculto es el hecho de que se lo privó de su libertad durante casi dos años”, sostuvo Arce en el inicio de su alegato que se hizo por videoconferencia a la que estuvo conectada Kirchner.
Kirchner fue funcionario del ministerio de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y estuvo preso en la causa hasta que fue liberado por el Tribunal Oral Federal 2. Además de este juicio está procesado presunto enriquecimiento ilícito.
El ex funcionario llegó a juicio acusado de integrar una asociación ilícita y de defraudar al estado nacional con las irregularidades en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no lo acusaron por esos delitos, sino que entendieron que omitió sus funciones y pidieron que sea condenado a dos años de prisión en suspenso por violación de los deberes de funcionario pública. Fue la pena más para los 13 imputados en el caso.
“Esta extinguida la acción penal por violación de los deberes de funcionario público”, sostuvo Arce. El abogado explicó que ese delito tiene una pena máxima de dos años de prisión -la que se pidió para Kirchner- y que pasaron esos dos años como plazo máximo para investigar el caso. La defensa señaló que el último acto que interrumpe la prescripción fue la elevación a juicio oral de la causa y que eso ocurrió el 28 de mayo de 2018.
“Desde esa fecha hasta hoy transcurrió en exceso el plazo de dos años”, sostuvo Arce e hizo otro señalamientos técnicos de por qué el caso está prescripto.
Pero la defensa del ex funcionario de Planificación Federal no solo señaló que debe ser absuelto por prescripción, sino que agregaron que no tuvo ninguna relación con las obras que se juzgan en el caso.
Por su parte, Guzmán analizó cuáles eran las funciones de Kirchner en el Ministerio. “Estaba en total y absoluto desconocimiento de lo que ocurría con las 51 obras públicas. No por un desconocimiento deliberado, sino porque sus tareas eran otras”, explicó. Arce dijo que cuando Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, presentó la denuncia no lo mencionó a Kirchner, quien apareció en la causa cuando los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron las indagatoria de 34 personas, entre ellas Kirchner.
Con el pedido de absolución la defensa de Kirchner fue la séptima en alegar en el caso. La semana pasada concluyó la de Cristina Kirchner, la principal acusada en el caso con el pedido de condena de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, quien habló en la última audiencia de sus alegatos. “Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, sostuvo la vicepresidenta.
El juicio continuará mañana a las 9:30 horas con el alegato de la defensa del ex secretario de Obras Públicas José López a quien la Fiscalía acusó de formar parte de una asociación ilícita y de defraudación al estado. Por eso pidió una condena de 10 años de prisión.
El celular de López se transformó en clave para el juicio. El teléfono le fue secuestrado en junio de 2016 cuando fue detenido en un convento en General Rodríguez con nueve millones de dólares. Del celular se analizaron los mensajes y los fiscales señalaron que de allí surge lo que llamaron el “plan limpiar todo”. Concretamente es el acuerdo entre Cristina Kirchner, Báez, López y otros involucrados para que pocos días antes de la finalización del segundo mandato de CFK se le pague al empresario todo lo que se le debía para que luego eche a los empleados y abandone las empresas.
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