Sergio Federovisky: “Promueven los incendios en el Delta para obtener beneficios en actividades inmobiliarias”

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, denunció este jueves una maniobra “ilegal y criminal”, en un contexto de condiciones climáticas de sequía profunda, detrás de los incendios en el Delta del Paraná, y reiteró que en varias oportunidades se han presentado en la Justicia los registros de las cámaras de detección de humo y calor que identifican con la geolocalización exacta, dónde y cuándo se incendian cada uno de los focos.

El Ministerio recibe diariamente entre 100 y 150 avisos de alerta de las cinco cámaras que se instalaron en la zona. “Los registros tienen un patrón, una recurrencia en tiempo y en espacio llamativa. Por eso solicitamos a la Justicia que se investigue. No es algo casual, esporádico o anárquico, acá hay un mecanismo de prender fuego en determinados momentos y sitios. Lo importante es identificar a los autores intelectuales que promueven el inicio del fuego para obtener beneficios personales en actividades productivas e inmobiliarias”, aseguró en diálogo con Infobae.

“Todos estos datos fueron entregados a la Justicia Federal de Paraná para que cruce esa información con los registros catastrales e identifique a los dueños o arrendatarios de los campos o establecimientos en donde se inician los incendios”, añadió el funcionario.

Federovisky destacó que se han desplegado todos los recursos con los que cuenta el Ministerio para frenar las lenguas de fuego que siguen ardiendo sobre los campos y se multiplicó por 40 el presupuesto para la adquisición de equipamiento, aviones y helicópteros. Aunque aclaró que “eso no alcanza si hay gente que está prendiendo fuego 100 veces por día deliberadamente para obtener un beneficio personal”.

El funcionario explicó que en la actualidad la zona atraviesa una situación en términos climáticos muy similar a la de 2008, donde llamativamente años después aparecieron decenas de barrios náuticos en zonas que habían sido quemadas previamente. “Es claro que acá hay una modalidad de uso del fuego: utilizarlo como reemplazo de topadoras para correr lo que se denomina ‘frontera agropecuaria’ en áreas que normalmente están inundadas, pero por la bajante del Río Paraná hoy están secas. Allí se colocan terraplenes para que el agua no regrese. Así tenemos un pasaje rápido y violento del humedal a una zona loteada con fines inmobiliarios”, explicó el biólogo especializado en ecología.

Hoy, dicho por habitantes de la zona, parece que en esos lugares funcionara una “vialidad paralela”. Hablamos de un territorio vastísimo de más de un millón y medio de hectáreas donde se pueden ver tractores y máquinas viales, todas ellas trabajando para construir terraplenes y caminos ilegalmente en esas zonas, que por lo general están inundadas, con fines lucrativos.

“Existe preocupación de Corte Suprema de Justicia y un requerimiento hacia el Ministerio de Ambiente por los incendios, pero no vemos la misma insistencia de los miembros del máximo tribunal hacia los jueces de la justicia federal para dar respuesta a una metodología de uso de fuego en uno de los humedales más famosos de la Argentina. Acá no son cuatro locos con un bidón y fósforos, acá hay un accionar. Eso lo tiene que investigar la Justicia”, reclamó Federovisky.

En este contexto, el funcionario recordó que una de las funciones de la Justicia, además de perseguir judicialmente a los que presuntamente cometen delitos, es dar la señal a la sociedad de que no es gratis incurrir en tácticas que dañan el bien común. “Hoy por hoy en el Delta sobrevuela la idea de que nadie va a pagar las consecuencias por prender fuego. Eso claramente se llama impunidad”, sentenció.

El viceministro aseguró que existe un fenómeno global al que calificó de “flagelo muy difícil, casi imposible, de controlar” incluso en países que cuentan con recursos superiores a los de Argentina. “Estados Unidos, Canadá, Francia, España, padecen hoy estas situaciones. La diferencia es que nosotros le incorporamos, en el caso del Delta, el costado ‘criollo’ del asunto: esta maquinaria de utilización del fuego cuando está prohibido hacerlo justamente por lo dramáticas que son las condiciones climáticas. Con estas condiciones climáticas de sequía profunda, el que prende fuego está cometiendo un acto criminal”, advirtió.

El miércoles, el Ministerio de Ambiente solicitó, a través de una medida cautelar presentada en el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 22 y sucesivos de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. En dichos artículos se establece que los lotes rurales en donde ocurran incendios no podrán cambiar su uso por un período de 60 años cuando se trate de zonas protegidas y 30 años cuando se produzcan en áreas rurales sin protección. El fin de estos plazos es recomponer y reparar el área ambiental castigada por los focos ígneos.

De acuerdo con datos recabados por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y el INTA, con base en reportes provistos por cada provincia, los incendios forestales han arrasado, en lo que va del 2022, más de 700 mil hectáreas. En los últimos 5 años se vienen registrando los picos más altos de incendios forestales en el país y según el SNMF, el 95% del total de los focos fueron provocados por la acción humana.

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