Gesto de Massa a la CGT: les dio $24.000 millones a las obras sociales y una solución para el gasto por discapacidad

Sergio Massa tuvo un gesto clave para descomprimir la tensión sindical: confirmó esta tarde a la Confederación General del Trabajo (CGT) que ya fueron girados al Ministerio de Salud unos 24.000 millones de pesos que irán a las obras sociales y, además, que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas directamente por el Estado.

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El ministro de Economía hizo los anuncios a los directivos cegetistas Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quienes salieron conformes del encuentro: como anticipó Infobae, en medio de una severa crisis financiera, las obras sociales recibirán unos 6000 millones de pesos por mes hasta diciembre, que no son fondos del Tesoro Nacional sino plata genuina del sistema sindical de salud que, según fuentes oficiales, “Martín Guzmán tenía pisada”´. Se trata de dinero que proviene del aporte de trabajadores y empresarios y debería haber sido girado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que paga los reintegros a las obras sociales.

La principal preocupación, en realidad, tenía que ver con las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, que hoy representan casi un 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución y acentúan el desfinanciamiento de las obras sociales.

Alberto Fernández le había prometido hace casi un año a la CGT una solución a ese tema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que iba a permitir que las obras sociales traspasaran al Estado las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, pero la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.

Este tema fue uno de los primeros puntos que la CGT le planteó a Massa apenas asumió, pero el ministro de Economía, urgido por frenar el aumento del gasto público, pidió archivar la idea del DNU y, en cambio, propuso incorporar en el proyecto oficial “una partida dentro de los mecanismos que tiene el presupuesto para solucionar este tema”.

Además de hablar sobre las obras sociales, Massa les aseguró a los dirigentes de la CGT que se postergará para fin de año la discusión sobre el bono salarial que el Gobierno pensaba otorgar a los trabajadores de menores recursos, impulsado por Cristina Kirchner, y que tampoco está en análisis la universalización de las asignaciones familiares, reclamada por Pablo Moyano.

De todas formas, el alivio de los sindicalistas estaba centrado en la solución que brindó Massa a la crisis financiera de las obras sociales: la CGT estaba en alerta por el ajuste en el presupuesto del Ministerio de Salud, que iba a determinar que desde octubre no quedara dinero en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para compensar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

Según los números que manejaban los dirigentes gremiales y que causaron preocupación, el FDS había recaudado hasta agosto unos 16.000 millones de pesos, pero 9900 millones serán para pagar las prestaciones por discapacidad en educación y transporte y otros 7300 millones de pesos para los subsidios automáticos (correspondientes a las prestaciones de los mayores de 65 años y de los monotributistas), por lo que el saldo de ese fondo es negativo.

Además, en agosto se devengaron 2200 millones de pesos provenientes de saldos presupuestarios para los reintegros por tratamientos de alta complejidad a través del SUR (Sistema Único de Reintegros) y en septiembre se prevén 1000 millones de pesos que surgen de remanentes operativos. “De acuerdo con las proyecciones, no habría mas saldo para reintegros de octubre en adelante”, destaca un informe elaborado por los expertos cegetistas.

Ante la inminente quiebra del sistema de obras sociales, la mesa chica de la CGT amagó incluso con llamar a una reunión del Consejo Directivo para decidir una movilización de protesta contra el Gobierno ante los graves problemas para darles atención médica a 14 millones de personas.

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