La diputada nacional por Córdoba de Evolución radical, Gabriela Brouwer de Koning, presentó un proyecto de ley para modificar el Artículo 184 del Código Penal de la Nación para agravar las penas contra algunos delitos rurales.
La iniciativa busca agregar una pena de 3 meses a 4 años de prisión para quienes afecten una zona rural con los fines de perjudicar el sembrado, los granos de cereal acopiado y/o el ganado.
“La modificación que venimos a plantear no se refiere solamente a lo punitivo y delictual, sino también preventivo; busca dar un mensaje inequívoco a la sociedad, por medio del cual se entienda que cada vez que se agrede un cultivo, se rompe un silobolsa y/o se daña el ganado, se comete un delito contra la propiedad privada”, señala el proyecto en sus fundamentos.
Desde el bloque de Evolución plantearon que no solo se perjudica al propietario como víctima directa, sino que estos actos vandálicos “lastiman la cadena de producción y el mercado de nuestro país”. “Es decir, a todos los argentinos, quienes resultan de manera indirecta perjudicados por el accionar ilegítimo de algunos sujetos”, agregaron.
“Además de existir legislación y resoluciones vigentes, que el propio Gobierno Nacional alguna vez creó, pero parece haber olvidado, necesitamos que los comúnmente llamados ‘actos vandálicos’, estén enmarcados en la legislación pertinente como delitos grave”, señaló la diputada.
“La incorporación del inciso aquí propuesto, es sumamente necesario, para que el pueblo se sienta protegido, sabiendo que los principios Constitucionales, entre ellos el de propiedad privada por el cual se resumen los frutos del sacrificio de todo argentino, se encuentra garantizado por el Estado”, señala el proyecto.
Este proyecto de ley busca complementar otras acciones como la presentación de un pedido de informes acerca de la Resolución Conjunta 4/2020. Allí, se designó una comisión en la que un Grupo de Trabajo Sobre Seguridad Rural con representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Seguridad y de las provincias debería encargarse de: elaborar una guía con pautas para la actuación policial ante hechos vinculados a rotura de silobolsas y/o sustracción de la producción agrícola; evaluar la posibilidad de instrumentar mecanismos ágiles para la denuncia de los hechos de referencia; efectuar el seguimiento de la información del Relevamiento estadístico sobre éstos, creado por el Artículo 2°, entre otros artículos.
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