Se reactiva en Diputados el debate por la ley que permite jubilarse a quienes no completaron sus aportes

Tras la extensión provisoria que propició el Gobierno por decreto, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará este miércoles el tratamiento del proyecto que busca extender por ley el régimen de moratoria previsional, norma que permite acceder a una jubilación a aquellas personas que cuentan con la edad correspondiente pero por diversas razones no han completado los años de aporte durante su trayectoria como trabajadores activos.

Las comisiones de Previsión y de Presupuesto, presididas por los diputados oficialistas Marisa Uceda y Carlos Heller, respectivamente, trabajarán la medida, que fue impulsada por el bloque de senadores kirchneristas en la Cámara Alta, de dónde salió con media sanción, el 30 de junio.

Las reuniones se realizan con plazos más acordes para su discusión, dado que el miércoles 20 de julio, el Poder Ejecutivo estableció la prórroga de la legislación vigente hasta tanto el Congreso complete la sanción de la norma en tratamiento o dé el visto bueno a otro texto. La norma perdía vigencia el 23 de julio.

Según se establece en su artículo 1°, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas. Esta moratoria continúa vigente para quienes cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años). Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad.

Además, la deuda puede cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad, según la información de Anses. Los turnos puede solicitarse de manera online a través de la página web del organismo (www.anses.gob.ar/informacion/moratorias-previsionales).

En ese sentido, Uceda expresó que es un tema que requiere la participación de toda la política, sin importar su posición: “Cuando se habla de previsión social, de seguridad y derechos jubilatorios, son temas que atraviesan a todas las fuerzas políticas, y que claramente tienen a todos comprometidos en la urgencia de lo que se va a tratar”.

En la misma línea, el director General de Planeamiento de la Anses, Ignacio Amigorena, detalló a cuántas personas puede abarcar el proyecto en cuestión: “Puede incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60 por ciento son mujeres”.

- Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política (CEPA)·

- Solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

- Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

- Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.

- En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).

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