El Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el panel que encabeza Erik Møse junto a los comisionados Pablo de Greiff y Vrinda Grover, constató que las redes de reclutamiento de combatientes extranjeros utilizaron a Panamá como una escala aérea neurálgica para trasladar reclutas hacia Rusia, antes de su despliegue forzado en el frente de combate en Ucrania.
Testimonios recabados por Infobae confirman que ciudadanos de El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia recorrieron trayectos similares coordinados por intermediarios que financiaron los pasajes bajo promesas de empleos ficticios en el sector civil.
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Durante estas travesías, los afectados coincidieron en un detalle administrativo que despertó sospechas tempranas: en el tránsito por el aeropuerto panameño no les solicitaron el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
Esta omisión sanitaria llamó la atención de los viajeros, debido a que varios de ellos provenían de regiones con exigencia estricta de dicho documento o debían cumplir con protocolos preventivos obligatorios al cruzar conexiones intercontinentales. La falta de requerimiento de este requisito facilitó el avance expedito de los grupos sin levantar alertas ante los funcionarios de migración.
Las organizaciones de reclutamiento aplicaron una marcada celeridad logística una vez que los hombres aceptaron las ofertas de empleo. Los agentes gestionaron pasajes y alojamientos en plazos de pocos días, al tiempo que cobraron comisiones que oscilaron entre USD 400 y USD 8.000, montos que se abonaron antes del despegue o quedaron pautados como descuentos directos sobre los salarios prometidos.
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Los testimonios indicaron que los reclutas fueron instruidos para evitar llamar la atención durante los enlaces aéreos en territorio panameño y mantener un perfil bajo hasta arribar al destino final.
Doce países integran la red de escalas internacionales hacia el territorio ruso
El esquema de traslados no se limita a territorio centroamericano. El informe oficial documenta que los vuelos comerciales fletados o adquiridos para los reclutas realizaron conexiones en:
- Bahréin
- Brasil
- Emiratos Árabes Unidos
- España
- Etiopía
- Francia
- Kenia
- Marruecos
- México
- Omán
- Panamá
- Turquía.
En varios de estos puntos neurálgicos, miembros de las redes esperaron a los grupos en las terminales de transferencia para supervisar la continuidad de los itinerarios o acompañarlos personalmente en los últimos tramos hacia Rusia.
Las directivas de viaje variaron según la nacionalidad de los reclutados para sortear los controles migratorios locales. A los ciudadanos originarios de Colombia, Perú y República Dominicana, las agencias les ordenaron presentarse como turistas con destino o escala en ciudades turcas o rusas, con itinerarios formulados para circular sin necesidad de visado previo.
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En otros casos detectados en América Latina, los agentes instruyeron a las víctimas a cruzar primero fronteras terrestres hacia países vecinos para abordar aeronaves comerciales desde allí y evitar inspecciones aeroportuarias rigurosas en sus territorios de origen.
La comisión de la ONU sustenta su investigación en 245 testimonios
En este proceso investigativo internacional, Infobae colaboró con el aporte de testimonios directos de víctimas y familiares, además de reconstrucciones de casos específicos en territorio latinoamericano.
La investigación del organismo internacional se sustentó en un total de 245 testimonios, que incluyeron declaraciones de reclutas extranjeros capturados por las fuerzas ucranianas en el frente de batalla, sobrevivientes que consiguieron retornar a sus países de origen, familiares de combatientes desaparecidos, abogados y fuentes de información gubernamentales.
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El panel examinó un universo de 48 naciones y comprobó que ciudadanos de 29 países fueron conducidos bajo engaño o coacción hacia las fuerzas armadas rusas, lo que configuró conductas tipificadas como trata de personas bajo el derecho internacional.
Al llegar a las terminales aéreas de destino en la Federación de Rusia, los extranjeros perdieron de inmediato su libertad de movimiento. Agentes locales confiscaron sus teléfonos celulares y pasaportes, tras lo cual los trasladaron a bases de entrenamiento militar donde fueron forzados a suscribir contratos de servicio por un año con el Ministerio de Defensa ruso, redactados exclusivamente en idioma ruso y sin traducción disponible, previo a su envío hacia las zonas de conflicto activo.
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