El Salvador: multas por alzas injustificadas de precios superan los USD 965,000

El aumento injustificado de precios y la obstaculización de las labores de inspección dieron lugar a más de USD 965,000 en multas en más de 165 casos en lo que va de 2026, según informó Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, durante una entrevista en Entrevista AM.

Salazar explicó que la Ley de Protección al Consumidor permite sancionar a los comercios que eleven sin justificación los precios de alimentos y otros bienes o servicios considerados esenciales. La institución mantiene un monitoreo en toda la cadena de suministro, desde importadores y distribuidores hasta comercializadores y puntos de venta final.

El funcionario sostuvo que ese seguimiento permite identificar los niveles de precios y advertir incrementos abruptos. Cuando la institución detecta una variación que requiere revisión, ya sea mediante su monitoreo o por una denuncia ciudadana, puede requerir información a los proveedores e iniciar auditorías.

Los controles incluyen productos de la canasta básica, como frijol, arroz y maíz, además de frutas, verduras y carnes. Salazar pidió a los consumidores reportar aumentos que consideren sustanciales en productos que adquieren habitualmente, para que la Defensoría active los procedimientos de verificación correspondientes.

Los productos vencidos derivan en destrucción y sanciones

Dentro de las verificaciones realizadas durante 2026, la Defensoría del Consumidor levantó 227 actas por productos vencidos. Del total de hallazgos, el 57 % se registró en restaurantes, mientras que las tiendas mayoristas concentraron el 21 % y las tiendas de conveniencia, el 13 %.

Las farmacias representaron cerca del 4 % de los casos detectados. Salazar explicó que estos establecimientos también ofrecen alimentos preempacados, golosinas, galletas y suplementos alimentarios, por lo que deben cumplir con los controles sobre las fechas de vencimiento.

Los equipos de inspección detectaron más de 3,546 productos vencidos. Las bebidas carbonatadas concentraron el 22 % de los artículos localizados, seguidas por las golosinas y galletas, con 13 %, y las bebidas alcohólicas, con cerca de 11 %.

Los productos de panadería representaron alrededor del 8 % de los hallazgos. La lista también incluyó carnes, embutidos, lácteos, pastas, aceites, margarinas, aderezos, granos básicos, jaleas, cereales, avenas y mariscos.

Salazar detalló que cerca de la mitad de los productos vencidos se encontró en las cocinas de los establecimientos, mientras que el resto estaba en estanterías destinadas a la venta directa al público.

Cuando la Defensoría identifica un artículo vencido, aplica una medida cautelar para destruirlo en el mismo comercio. Después puede iniciar un procedimiento sancionatorio que, según señaló Salazar, puede derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos.

Los consumidores pueden comunicar estos casos por medio del número 910 o del WhatsApp 7844-1482. La institución solicitó que, cuando sea posible, las denuncias incluyan fotografías del producto y la ubicación del establecimiento.

Defensoría registra más de 4,200 verificaciones

Las actas por productos vencidos forman parte de un balance más amplio de inspecciones realizadas por la Defensoría del Consumidor durante 2026. Salazar informó que la institución efectuó más de 4,200 verificaciones a nivel nacional en comercios de distintos sectores.

El presidente de la entidad afirmó que “un 26 % de ellos ha resultado con incumplimiento”, mientras que el 74 % cumplió con las disposiciones revisadas durante las inspecciones.

Las verificaciones abarcaron hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia, almacenes de ropa, calzado y accesorios, comercios de granos básicos, tiendas mayoristas, supermercados y servicios financieros.

Los equipos también realizaron controles en gimnasios, ferreterías, floristerías, cines, ópticas, joyerías, comercios de tecnología y locales que venden productos para mascotas. Salazar señaló que el alcance de estas revisiones responde a la diversidad de relaciones de consumo que se producen en el país.

Uno de los incumplimientos identificados fue la falta de mecanismos para atender reclamos de los consumidores. El funcionario indicó que los comercios deben disponer de un medio para recibirlos, registrarlos y permitir su seguimiento.

Ese mecanismo debe incluir un número de referencia o de gestión para que el consumidor conozca el estado de su caso. Según Salazar, también permite a los negocios identificar situaciones recurrentes y corregir prácticas que afecten a sus clientes.

El Viernes Negro y el Carnaval de San Miguel tendrán controles

Tras exponer el balance de verificaciones y sanciones, Salazar anunció que la Defensoría del Consumidor prepara operativos para el Viernes Negro y el Carnaval de San Miguel, dos períodos que concentran promociones comerciales y una mayor actividad turística durante noviembre.

El funcionario señaló que algunos comercios extienden sus campañas de descuentos por varias semanas e incluso durante todo el mes. Ante esa práctica, la institución verificará que las promociones se comuniquen con claridad y se apliquen en los términos anunciados.

Los comercios deben informar el precio previo y el valor final después de aplicar el descuento. “Usted tiene que conocer el precio previo al descuento y el precio posterior al descuento de la aplicación”, expresó Salazar.

La Defensoría revisará denuncias por publicidad que pueda inducir a error, cobros distintos a los anunciados, promociones sin información suficiente y productos que no tengan precios visibles. Estos incumplimientos pueden derivar en sanciones de hasta 200 salarios mínimos, según explicó el titular de la institución.

Salazar recordó que el Centro Nacional de Registros declaró el año pasado que la expresión “Viernes Negro” es de uso libre para los comercios. Esto permite que los negocios utilicen la denominación en sus campañas, siempre que cumplan con las normas de información y publicidad.

Durante el Carnaval de San Miguel, la Defensoría también prevé recibir denuncias y verificar las condiciones comerciales de los establecimientos que participen en la actividad.