Nuevo proyecto de moratoria previsional: alcanzaría a 742.000 personas en el primer año

Para los que no cumplen con el requisito de años de aportes, periódicamente han entrado en vigencia moratorias previsionales. Se trata de planes de facilidades de pago que otorga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y permite a los contribuyentes regularizar aportes autónomos.

El nuevo proyecto de moratoria que se anunció en el día de hoy tiene elementos que la diferencian de las anteriores. En primer lugar, ya no se trata de una moratoria permanente para regularizar aportes autónomos, sino que se completan aportes que toman como base el aporte mínimo en relación de dependencia, que actualmente es de $10.989. Cada mes de aportes a regularizar costará un 29% del aporte mínimo. Es decir, cada mes de aportes a ingresar tendrá un costo de $3.187.

Hasta el momento, los costos de las moratorias vigentes nos muestran el siguiente impacto:

Ley 26.970 (utilizada por las mujeres): 10 años de aportes tiene un costo de $13.188.

Ley 24.476 (utilizada por los hombres): 10 años de aportes tienen un costo de $11.056.

En conclusión, esta primera modificación es fundamental para aportar a la sustentabilidad del sistema.

En segundo lugar, ya no existen moratorias para hombres y moratorias para mujeres, sino que ambos géneros pueden acceder a este plan de regularización por igual.

En tercer lugar, se prevé específicamente la posibilidad de que trabajadores en actividad vayan analizando su futura jubilación y regularizando aportes, previendo los servicios que le faltarán para alcanzar el piso de 30 años que marca la ley.

La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. En términos históricos solo seis de cada diez trabajadores lo hacen en regla. El empleo no registrado tiene como contrapartida un trabajador que al cumplir la edad jubilatoria no tendrá los treinta años de aportes requeridos por ley. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación.

Recordemos que desde 2016 se restringió el acceso a las moratorias, dejándolas exclusivamente para los segmentos de mayor vulnerabilidad. Por eso quienes deseen regularizar aportes, deben superar una evaluación socioeconómica, que implica demostrar ingresos inferiores a un determinado monto (el valor máximo de ingresos que habilita el cobro de asignaciones familiares), no poseer aeronaves, embarcaciones, no contar con inmuebles ni automóviles que superen una determinada valuación, ni consumos de tarjeta de crédito superiores a determinados montos.

Las moratorias para jubilarse han generado en la sociedad argentina un verdadero enfrentamiento entre quienes están a favor y quienes están en contra.

Un punto a considerar es que una proporción significativa de beneficiarios que utilizaron la moratoria tenía aportes. Según datos estadísticos de la propia Anses, en promedio los jubilados por moratoria registraban once años de aportes. Según las estadísticas de Anses, cerca del cincuenta por ciento de los jubilados por moratoria tenía al menos quince años de aportes, lo cual en numerosos países le hubiera significado una jubilación parcial.

La alta tasa de empleo informal ha impedido a los beneficiarios completar los aportes mínimos. Considerando las tasas de empleo no registrado, se puede inferir que al menos cuatro de cada diez de los beneficiarios por moratoria hubieran alcanzado los aportes totales si la Argentina no tuviera un porcentaje tan alto de su economía sumergida en la informalidad. Una evolución del empleo no registrado puede graficarse de la siguiente manera:

Quienes se oponen a las moratorias sostienen que las moratorias desincentivan los aportes. La sustentabilidad de un sistema de seguridad social se basa principalmente (o al menos debería hacerlo) en el ingreso de aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores. Las continuas moratorias previsionales podrían desincentivar el empleo formal, dado que el trabajador espera al cumplir la edad poder adherir a una de las moratorias vigentes.

Otro punto para los detractores es que la incorporación de tres millones de nuevos jubilados generó un déficit que dejó a la Anses al borde del quebranto. De no existir las jubilaciones por moratoria la Anses sería superavitaria. No obstante, la mayoría de ese colectivo sería cubierto por pensiones no contributivas debido a su situación de vulnerabilidad económica. Es decir, en lugar de recibir la Anses ingresos a través de la recaudación de impuestos para el pago de prestaciones, se derivarían esos recursos a desarrollo social para la cobertura de estos beneficios.

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