Los proyectos de ley que quedaron para el segundo semestre y enfrentan un panorama incierto en Diputados

El Congreso entró en un letargo debido a la crisis política que atraviesa el gobierno nacional, a la dificultad crónica para alcanzar mayorías y las vacaciones de invierno. En la Cámara de Diputados no se esperan sesiones hasta agosto, aunque algunos dejan abierta alguna mínima posibilidad de que la volatilidad política termine forzando algún debate durante las próximas tres semanas.

A pesar de que hay varios proyectos importantes con dictamen o en tratamiento, tanto en la bancada del Frente de Todos como en la de Juntos por el Cambio reconocen que no está en sus planes impulsar sesiones especiales, ya que a la paridad de fuerzas -que marcó la dinámica de los últimos meses- se suma las ausencias por el receso de invierno.

Durante la última semana varios diputados se quejaron por la falta de pasajes aéreos y otros ya adelantaron que estarán de viaje. En las dos coaliciones más grandes reconocen que los votos están muy justos para correr riesgos de tener una sesión fallida.

Fue el caso de la ley de Alquileres, que perdió impulso a pesar del acuerdo entre varios bloques opositores que firmaron un dictamen unificado. Cuando llegó el momento de pedir la sesión especial, tuvieron que reconocer que los votos no estaban y que todavía había diferencias sobre el texto del proyecto.

El artículo que habilita la actualización de los alquileres cada tres meses se convirtió en un nudo que complicó todo. Los cuatro diputados del interbloque Provincias Unidas plantearon que había que hacer un cambio en el texto para llevar el plazo a seis meses. Bajo amenaza de no acompañar ni dar quórum.

Esta propuesta no es vista con buenos ojos por una parte del PRO. Los halcones de la oposición al principio incluso defendían una postura más dura: que no haya plazo en la ley y que el mismo se acuerde entre las partes. Finalmente, cedieron hasta los tres meses; pero no más.

Desde la bancada de Provincias Unidas aseguran que los tres meses se incluyeron en el dictamen a último momento y que ellos acompañaron debido a la promesa de Graciela Camaño de “hacer modificaciones en el recinto”. Las negociaciones continúan y los más optimistas creen que podría debatirse en agosto. Finalmente con la actualización cada seis meses.

Por su lado, el Frente de Todos tiene un dictamen propio, que no modifica el plazo de tres años para los contratos ni la actualización anual de los alquileres. Lo que no tiene son votos para aprobarlo en el recinto y su situación es más complicada porque ya no cuenta con interlocutores para negociar.

Un panorama similar enfrenta la reforma del Consejo de la Magistratura. Hace 15 días el ministro de Justicia, Martín Soria, fue a defender el proyecto en un plenario de comisiones. Sus duras críticas a la Corte Suprema no fueron bien recibidas por la oposición.

El proyecto impulsado por el kirchnerismo, que ya tiene media sanción del Senado, propone una integración del Consejo de 17 miembros. Además, busca excluir al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, de la conducción del organismo.

Hasta que no se sancione una nueva ley, el organismo que designa y sanciona a los jueces continuará funcionando con 20 integrantes y con Rosatti como presidente, ya que en diciembre la Corte había declarado la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 y repuso la ley de 1997.

En su exposición Soria no dejó lugar a dudas. Apuntó contra los jueces de la Corte por su “ambición desbocada de concentración de poder” que los llevó a “meterse por la ventana” en el Consejo.

Pero también reconoció implícitamente que el Frente de Todos no tiene los votos suficientes para ratificar el texto que viene del Senado. “Es un proyecto que está totalmente abierto, para que los diputados puedan incorporar sus aportes”. Tanto Juntos por el Cambio como los partidos provinciales manifestaron su rechazo. La iniciativa parece condenada a seguir “durmiendo” en Diputados.

Uno de los desafíos más importantes que enfrentará la Cámara baja en los próximos meses será el debate por el Presupuesto 2023.

Martín Guzmán trabajó en un borrador antes de renunciar que incluía algunos supuestos macroeconómicos clave, como una reducción del déficit primario desde 2,5% del PBI hasta 1,9%, un techo de emisión monetaria de 0,6% del PBI, acumulación de reservas por USD 4.000 millones, y una estimación de la inflación del 50%.

Ahora la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, deberá decidir si continúa por el mismo camino o buscará modificaciones. Justamente las predicciones de déficit e inflación fueron las que llevaron a la oposición a rechazar el Presupuesto el año pasado bajo el argumento de que eran “un dibujo” sin anclaje en la realidad económica del país.

El texto será clave ya que marcará el rumbo que planea adoptar el Gobierno tras la crisis política de la última semana y determinará la relación con el FMI para lo que queda de la gestión. El oficialismo, que actualmente gobierna con una prórroga del presupuesto del año pasado, tampoco puede darse el lujo sufrir otro rechazo en Diputados, por lo que por lo menos deberá asegurarse los votos de los bloques menores para lograr la media sanción.

Tras el principio de acuerdo entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, el debate por el Salario Único Universal probablemente pierda impulso. Pero el oficialismo sí intentará avanzar en una medida impulsada por el ala kirchnerista a pesar de la reticencia que supo mostrar Martín Guzmán: la moratoria previsional.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta con 38 votos: los 35 integrantes del Frente de Todos, más el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, quienes suelen votar con el oficialismo. Sin embargo, la sorpresa fue el voto positivo de la cordobesa Alejandra Vigo.

Teniendo en cuenta que los dos diputados del bloque Juntos Somos Río Negro y los tres de Córboba Federal suelen votar en el mismo sentido que los senadores de sus provincias, el Frente de Todos tendría chances de llegar al quórum de 129 votos.

El debate con la oposición girará en torno al costo fiscal de la medida, que según los cálculos de la ANSES, será de 0.3% del PBI en 2023. Sin embargo, desde la oposición aseguran que podría ser varias veces superior a eso y que en un contexto de déficit fiscal e inflación agravaría la crisis económica.

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