Falsos gestores, estafadores e irregularidades: los grupos de Facebook revelan los abusos que se cometen en nombre del plan Potenciar Trabajo

En los grupos de Facebook, los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y personas interesadas en la asistencia del Estado crearon comunidades en las que piden información sobre los planes sociales y preguntan por los fechas de cobro, entre otras dudas comunes. Sin embargo, lo más curioso de estos grupos es que revelan los abusos e irregularidades que se cometen en nombre de la política social. Entre estas prácticas, emerge un auténtico “mercado” virtual de gestores, que ofrecen servicios variopintos: desde el cobro de “altas” o recuperación de pagos en los planes sociales, la adhesión a obras sociales, el “alquiler” de cuentas de Mercado Pago o hasta el reclutamiento de personas para las cooperativas.

“Buenas en mi organización dieron de baja a 20 personas por lo tanto tengo 20 cupos disponibles para potenciar trabajo interesados mandar mensajes no respondo comentarios”, dice uno de estos gestores. “Si te suspendieron el pago o cobraste el 50%, hablame, te podemos ayudar”, ofrece uno de los flyers que circulan en las redes. “Gente necesito 18 personas tengo 20 cupos la planilla está 3000 pesos pero ganas 48 mil por un año”, expresa una tal Milena Garay, quien ofrece un presunto servicio para sumar personas a los planes sociales a cambio del cobro de una suma. Los usuarios del foro la reconocen no como una integrante de una organización social, sino como una “estafadora”.

Gran parte de este mercado informal aparece en sitios de Facebook con el nombre de “Potenciar Trabajo” y otras políticas sociales. La mayoría de los mensajes de los intermerdiarios o presuntos estafadores apuntan a un público disconforme con las cooperativas de trabajo en las que están inscriptas, en sintonía con la polémica instalada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que cuestionó la “tercerización” de la política social en los movimientos sociales y reclamó que su control regrese al Estado.

Para cobrar el Potenciar Trabajo y contar un ingreso social equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil (SMVM), los beneficiarios tienen que estar dados de alta a una “unidad de gestión” (UG), como las cooperativas que gestionan las agrupaciones de la economía popular. Es en esas organizaciones donde los beneficiarios deben prestar tareas con un límite de 20 horas semanales. Cuando se cumple este criterio, el trabajo a realizar puede ser en panaderías, huertas, hospitales, construcción o venta ambulante, entre otros.

Desde diciembre de 2021, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, habilitó a los beneficiarios la posibilidad de cambiar de cooperativas, como los gobiernos provinciales y municipios. Más de 188 mil personas renunciaron y decidieron pasarse a otras entidades. Sin embargo, la resolución tuvo un efecto no buscado y sirvió de oportunidad para que intermediarios y estafadores virtuales aprovechen el mar de fondo de la polémica nacional.

“Somos una organización seria animate pasate con nosotros, acá nadie te obliga a trabajar, y también levantamos planes que se dieron de baja. No discriminamos a nadie”, remarca uno de los mensajes. “Cambiate a nuestra organización”, dice otra presunta agrupación. “Si tenes un problema con tu referente, si te hacen trabajar más horas de lo debido o ejercen algún tipo de violencia sobre tu persona, podés solicitar el cambio. Por asesoramiento podés enviarme un mensaje al privado. No tengas miedo te podemos ayudar”, publican desde “Amparos reclamos”, una cuenta que busca aparentar asesoramiento.

Apelando a la ingeniería social, otros usuarios proponen gestionar la solicitud de la tarjeta del Banco Nación que permite los cobros de ANSES, con un anuncio tentador para imprevistos. “Tarjeta del Banco Nación de 32 mil pesos: cómo solicitarla. Ayudo más info al privado”, señala el posteo. Algunos caen en la tentación y se comunican con estos intermediarios informales, mientras que algunos más informados advierten al resto del grupo sobre el riesgo de comunicar datos personal a desconocidos.

Los testimonios

En la conversación digital, los beneficiarios del Potenciar Trabajo también exponen abusos cotidianos e incumplimientos de las organizaciones sociales. Una mujer embarazada reveló que la estarían forzando a pagar una persona en su reemplazo para que asista a las movilizaciones. “¿Es así o no?”, consultó. “No obligamos a marchar. Se trabajan 10 horas semanales, no por día”, publican en otro posteo.

Los testimonios también acreditan algunas denuncias que se efectúan hacia algunas agrupaciones. Romina, en otro mensaje fechado el 22 de mayo, consultó si hay más “cupos para las marchas”. “Mi coordinador me anotó hace 2 meses y según él ya me van a dar el alta pero hasta en la tele salió que no hay más cupo, ni siquiera la mercadería están entregando. Y si nunca voy a cobrar no quiero seguir yendo gratis ayuda!!”, reclamó. “Hola mi mamá está en una cooperativa que le obligan a ir a marchas, y yo estoy en otra cooperativa que trabajamos en la calle. Mi mamá se quiere pasar a la cooperativa dónde estoy yo, se puede?”, preguntó también Benjamín.

Otros, en cambio, comentaron que se quedaron “sin referentes” en su organización o bien percibieron “la mitad” de lo que les correspondería, por lo que dudan si seguirán cobrando próximamente el programa.

Más allá de estas gestiones, lo cierto es que el traspaso a otras cooperativas depende en última instancia de la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social. Las altas ya no se aprueban por decisión del ministro Juan Zabaleta, una medida que genera conflicto con las organizaciones del bloque de Unidad Piquetera, que encabeza el Polo Obrero.

Del total los 188 mil pedidos de pase de un lugar de trabajo a otro, hasta ahora se efectivizó el 30%, es decir, alrededor de 60.000. El resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades, el perfil de cada beneficiario -si no está suspendido o no presenta incompatibilidades- y sus oficios. En caso de que se efectúe el cambio, la UG de destino tiene que brindar conformidad para la incorporación y demostrar capacidad para certificar las actividades desarrolladas.

En el Potenciar Trabajo son más 1.200.000 las personas inscriptas. Representa cerca del 10% del universo de personas con problemas de empleo en el país. De ese conjunto, solo el 15% de los beneficiarios manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”. Según el registro que lleva Desarrollo Social, unos 7700 titulares manifiestan este tipo de situaciones” para argumentar el cambio de Unidad de Gestión.

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