Ruta del Dinero K: sobreseyeron a un empresario del fútbol uruguayo y solo queda Cristina Kirchner reclamando el cierre de la investigación

Cristina Kirchner se convirtió en la única imputada en la causa que investiga los últimos hilos de la maniobra de lavado de dinero que ya derivó en una condena para el empresario Lázaro Báez, sus hijos y un grupo de intermediarios y financistas. Es que la Cámara Federal, en una votación dividida, decidió hacer lugar a un planteo de la defensa y sobreseer al expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, investigado por el juez federal Sebastián Casanello en un remanente de la megainvestigación. Ahora, el mismo tribunal deberá resolver sobre el reclamo de la vicepresidenta para cerrar la causa en su contra, adelantado por Infobae.

Damiani Sobrero fue investigado por movimientos bancarios registrados en una cuenta titularidad de Helvetic Services Group SA en el banco LGT de la ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, entre el 16 de noviembre de 2010 y el 5 de enero de 2012, luego girados hacia el Citibank suizo -a la cuenta bancaria a nombre de Redwood Associates Corp., controlada por él-. Convocado a indagatoria el 24 de junio de 2016, el empresario negó las acusaciones, señaló que las transferencias tenían “una justificación válida” y que “se trató del producido de un negocio completamente lícito desarrollado en la República Oriental del Uruguay, iniciado con fondos propios, que tributó impuestos y se adecuó a las normas impositivas y antilavado de dicho país, lugar en donde fuera creado y desarrollado el negocio inmobiliario”.

El juez Sebastian Casanello dispuso su falta de mérito y ordenó profundizar una serie de medidas de prueba. Pero un fallo de la Cámara Federal porteña instó el año pasado a apurar la investigación y resolver las situaciones procesales pendientes de tres personas que tenían falta de mérito - Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero-. Todos pidieron su sobreseimiento. El juez Casanello entendió que aún quedaban en juego medidas de prueba pendiente. Los tres apelaron.

Demarco ya consiguió su sobreseimiento, y ahora en un fallo dividido al que accedió Infobae también lo consiguió Damiani.

El juez Eduardo Farah sostuvo que “a casi seis años desde que se indagara al imputado y cinco del dictado de su falta de mérito” la información recibida hasta ahora en la causa confirmaban la versión de la defensa “Sus dichos en cuanto a la solvencia económica para la realización del proyecto fueron avalados por expertos en materia económica y antilavado del aquel país”, se señaló “De lo hasta aquí expuesto, nada demuestra que haya existido vinculación entre la actividad ilícita que se le reprocha a Lázaro Antonio Báez y su grupo de allegados con los hechos imputados a Juan Pedro Damiani Sobrero, sino que por el contrario, se ha determinado que las transferencias señaladas de sospechosas se originan en un negocio inmobiliario lícito generado por el nombrado”, dijo Farah citando palabras del fiscal Guillermo Marijuan que avaló el sobresiemiento.

El juez Mariano Llorens, por su parte, se inclinó por esperar que finalizaran las medidas de prueba pendientes. “Además de la prueba que se encuentra pendiente de producción, de los resultados de los pedidos de cooperación judicial internacional, del estudio de la información que surja de las rogatorias cursadas y del análisis de toda esa información conglobada con la prueba agregada al proceso referido en el párrafo que antecede, considero que corresponde -en este momento- avalar lo resuelto por el Juez de grado el pasado 11 de marzo. Ello sin perjuicio de la imperiosa necesidad de que fije un plazo perentorio a fin de que la UIF cumpla con la manda oportunamente impuesta”, dijo.

Fue convocado entonces el juez Pablo Bertuzzi para desempatar. Y alli remarcó que a la opinión de sobreseimeinto de la fiscalía, debía sumarse que tanto la UIF como la AFIP, querellante en el proceso, “no han propuesto la realización de nuevas diligencias que permitan, eventualmente, lograr un giro en la investigación en relación al nombrado” y sostuvieron que no tienen “medidas probatorias concretas a ofrecer”. Esa postura, dijo Bertuzzi, “resulta reveladora de la realidad que atraviesa el sumario respecto de los hechos imputados a Damiani Sobrero y pone al descubierto la total carencia de elementos para solventar la continuidad de un proceso con expectativa punitiva a su respecto”.

En ese contexto, la Cámara Federal se encamina ahora resolver si hacen lugar al planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tal como adelantó Infobae, la ex presidenta entiende que la causa en su contra es una persecusión política y debe cerrarse. Afirmó que se está intentado “forzar” medidas de prueba con una “excursión de pesca” en su contra, al tiempo que disparó contra el macrismo, el fiscal Guillermo Marijuán, el imputado-colaborador Leonardo Fariña y los “arrepentidos” de la causa de los “Cuadernos”. “Se busca estirar esta investigación e impedir que nuestra representada sea desvinculada definitivamente como legalmente corresponde”, se afirmó.

Ahora, los jueces Farah y Llorens deberán evaluar los argumentos de la vicepresidenta para considerar si cierran la causa. Un diferencia sustancial con el resto de los implicados: en el caso de la vicepresidenta, el fiscal se opuso al sobreseimiento. El juez Casanello había dicho, como en el resto de los casos, que mientras hubiera investigación abierta no iba a cerrar la investigación. Si los jueces Llorens y Farah no se llegan a una conclusión en común sobre el pedido de la defensa, volverá a ser convocado el juez Bertuzzi.

La causa de la “ruta del dinero k” es la única en la que la vicepresidenta fue llamada a declarar y no terminó procesada. El próximo 26 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a revisar la condena al empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros empresarios por lavado de dinero. En esa sentencia se sostuvo que la plata que el santacruceño sacó al exterior -más de 55 millones de dólares- provenían de la obra pública obtenida durante el kirchnerismo y la facturación en negro.

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