La Cámara de Diputados aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, la ley que regula la producción industrial de la planta de cannabis, que ya tenía media sanción del Senado.
La norma crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como función -entre otras- regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
Después de obtener dictamen favorable de las comisiones en noviembre del año pasado, la iniciativa había quedado congelada y luego se renovaron las bancas, con lo que hubo que volver a formar las comisiones. Las negociaciones entre oficialismo y oposición, con una cámara emparejada, demoraron hasta entrado el otoño la discusión en las comisiones.
La iniciativa contaba con el apoyo de provincias gobernadas por partidos opositores, como Jujuy y Corrientes, que ya tienen en marcha emprendimientos productivos cannábicos, especialmente el estado gobernado por el radical Gerardo Morales. Allí la empresa estatal Cannava ya cultiva plantas y produce aceites que se expenden en farmacias locales y en el hospital público de la ciudad de Perico.
“Hoy estamos dando un gran paso, este marco regulatorio viene a permitir desarrollar una industria que trae divisas y trabajo, en un momento tan necesario para nuestro país. Esta ley trae un alivio para el padecimiento, abre el camino a salud con igualdad, pero todavía falta, nos queda un paso más, necesitamos un estado que acompañe y proteja, no uno que criminalice, tenemos que discutir las como son y dar el debate, necesitamos discutir la despenalización del consumo”, planteó la entrerriana del Frente de Todos, Carolina Gaillard, que junto a Mara Brawer fueron las legisladoras que participaron de la redacción del proyecto junto al equipo del ministro Matías Kulfas.
“Toda la planta se usa: la raíz, el tallo, las hojas, las flores y las semillas. Más de 25.000 productos se hacen con cáñamo y cannabis. Por eso es tan importante esta ley, porque hoy nace una nueva industria en Argentina”, agregó Brawer, que llevaba aretes con forma de hoja de marihuana.
Por su parte, el diputado nacional Ricardo Buryaile -presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería- remarcó que “aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico”. “Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos”, agregó.
“Hoy se consigue aceite de cannabis sin ningún tipo de control, estamos exponiendo a eso a nuestra sociedad. Por eso es mucho mejor tener esta ley. Vamos a ser muy celosos de la reglamentación, para que el espíritu que estamos expresando no se tergiverse con una reglamentación que de lugares a desvíos de lo que se pretende hacer. Por eso no es una cuestión menor la participación de las provincias”, finalizó.
Entre quienes rechazaron la norma, el principal argumento giró en torno al peligro de que esta ley se convierta en un preámbulo para la legalización de las drogas. “Para mí está claro que lo que se busca es la legalización. No voy a comprar gato por liebre, y esta es una bruta liebre”, dijo Graciela Camaño.
“Sería abrirle la puerta a un proceso de legalización y multiplicación del consumo. Este tipo de apertura significó en Uruguay un aumento del consumo del 8% al 20%”, reseñó el diputado rionegrino Luis Di Giacomo.
El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país tome el lugar de líder regional en el negocio del cannabis industrial. Kulfas repite que las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportan confianza para el sector a nivel mundial. Estima que para 2025 podrían crearse 10 mil puestos de trabajo.
Además, el oficialismo prometió que la reglamentación de la ley apuntará a preferencias y facilidades para Pymes y cooperativas, políticas para financiamiento y acompañamiento para ONGs con el fin de que se adecuen al marco regulatorio. Y aseguran que el mecanismo para la autorización de producción del cáñamo no medicinal será “flexible”.
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