La Cámara de Diputados aprobó este jueves, con un amplio consenso, el proyecto que busca una respuesta médica integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS) en todo el país. Sin embargo, un sector de la oposición y referentes liberales denuncian que la nueva medida aumenta los “costos laborales”, el gasto público y aseguran que otorga “privilegios”.
El proyecto, que obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos, fue presentado por la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos). Si bien tuvo un amplio apoyo por parte del PRO, el bloque no acompañó el artículo 9 que propone la extensión indeterminad del vínculo laboral y evita cualquier causa de despido en caso de personas que padezcan VIH.
“Una cosa es la discriminación, que buscamos enfrentar, de las personas que atraviesan estas enfermedades en cuanto al derecho al trabajo; muy distinto a ella es pretender otorgarles una estabilidad absoluta y permanente”, resaltó el diputado Alejandro Finocchiaro.
Además, resaltó que “una inmunidad sin término de cara a los empleadores frente a cualquier tipo de causa propia de la dinámica laboral y profesional que los vincula, ajena a las enfermedades que motivan esta iniciativa. Iniciativa que resulta excesiva al establecer una distinción que estaría en contra del derecho laboral al determinar la estabilidad en el empleo”.
“Es un recurso extemporáneo. El VIH ya no es estigmatiza, por surte es una enfermedad más de la que sabemos mucho más que hace años atrás. Si se abre esta supuesta estabilidad habría que hacer lo mismo con otras enfermedades y eso sería un verdadero problema para las empresas”, aseguró Agustín Etchebarne, economista jefe de Libertad y Progreso. “Es una forma nueva de aumentar costos laborales y eso es igual a reducir el empleo. Argentina no está en condiciones de sumar costos. Tenemos que multiplicar el trabajo formal, no reducirlo: hay 6 millones de trabajadores en negro que no tienen ningún tipo de cobertura. Medidas como esta significan más trabas al trabajo formal. Es ridículo”, agregó.
José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, defendió su voto negativo porque, según denunció, “el Estado cobra más impuestos, prohíbe despidos, obliga a prepagas a prestar servicios gratuitos y crea observatorios, consejos y comisiones...más burocracia y privilegios”.
Por otro lado, el abogado laboralista Javier Adrogué calificó a la medida como “innecesaria” a referirse al artículo 9. En diálogo con Infobae, aclaró que “las norma que hoy están vigentes prevén una protección suficiente para los empleados que hayan contraído por la enfermedad. Es razonable darle una protección especial a aquella persona que contrajo el virus pero esto ya es pasarse de rosca porque ya están esas normas”.
En concreto, la nueva ley de HIV propone garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento, tanto en prestadores públicos como privados, para todas las personas expuestas o afectadas al VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis; promover las campañas masivas de difusión, testeo y prevención de contagios; aumentar la capacitación e investigación; y crear una comisión nacional interministerial e intersectorial con representantes de la sociedad civil.
Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías. La integración de esta Comisión deberá ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
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