La oposición forzó al oficialismo a debatir el proyecto de Boleta Única Papel en las comisiones de Diputados

La oposición se anotó un triunfo esta tarde en la Cámara de Diputados: si bien no pudo logar que se votara esta misma tarde en el recinto el proyecto de Boleta Única de Papel, consiguió 132 votos para emplazar a las comisiones a iniciar el trámite parlamentario que podría derivar en la media sanción.

Durante la sesión no se lograron los dos tercios de los votos para aprobar ningún proyecto “sobre tablas”. Sin embargo, la oposición logró aprobar con 132 votos afirmativos (116 negativos) una moción para emplazar a un plenario de comisiones (Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia) para los días 11, 17, 24 y 31 de mayo. A fin de mes deberán emitir dictamen para poder debatir el tema en el recinto a principios de junio.

El resultado fue festejado por Juntos por el Cambio y por las organizaciones que trabajaron en el proyecto. “Celebramos el gran paso que se dio hoy en el Congreso y confiamos en que el proyecto pueda seguir avanzando y generando más consensos”, aseguraron desde la Red de Acción Política (RAP).

El miércoles de la semana pasada el Interbloque Federal, Juntos por el Cambio (PRO, UCR y CC), Avanza Libertad, el bloque CREO, y a dos diputados rionegrinos del bloque Provincias Unidas habían convocado a una sesión especial para hoy al mediodía.

La jugada tomó al Frente de Todos por sorpresa. Pero el oficialismo luego ideó una respuesta: amparado por el reglamento, convocó a una sesión especial el mismo día pero una hora antes para debatir tres proyectos con amplio consenso que habían obtenido dictamen este martes (VIH, cannabis y construcción).

Desde Juntos por el Cambio denunciaron que se trató de “una maniobra burda para evitar que avance la Boleta Única” y ayer pidió la unificación de las sesiones. Siempre y cuando la reforma electoral se trate primero.

El oficialismo aceptó y hoy se habilitó el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Haciendo. Algo similar a lo que ocurrió con la Ley de Alquileres, que tendrá dictamen la semana que viene.

La posibilidad de aprobar durante la sesión de hoy un proyecto de Boleta Única siempre estuvo lejana, dado que no hay ninguno con dictamen de comisión y, por lo tanto, por reglamento se requerían dos tercios de los votos para sancionar un proyecto “sobre tablas”. Algo que el Frente de Todos ya había adelantado que no acompañaría.

El planteo opositor estuvo firmado por los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer y Emilio Monzó (Encuentro Federal), y Carla Carrizo (Evolución Radical). También firmaron la nota por el Interbloque Federal, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense); Mónica Fein (Partido Socialista); Luis Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), y José Luis Espert (Avanza Libertad).

Desde la oposición consideraron que el Frente de Todos aceptó unir las dos sesiones porque no alcanzaban el quórum de 129 para arrancar con la suya propia. Si el kirchnerismo llegaba a ese número, la sesión para tratar Boleta Única iba a quedar desplazada.

El primero en tomar la palabra fue Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, quien celebró –primero– que el Parlamento haya vuelto a funcionar y reclamó que se constituyan con la mayor celeridad las comisiones que aún faltan conformar. “Estamos absolutamente contentos porque la boleta única papel significa terminar con la idea y la sospecha de la trampa cada vez que hay una elecciones”, enfatizó.

La diputada Graciela Ocaña ratificó la necesidad de modificar el sistema de selección de candidatos al que calificó de “vetusto” y resaltó que si se hubiese aplicado la boleta única papel en los comicios legislativos de 2020, se hubieran ahorrado 3.000 millones de pesos, solo en las últimas elecciones. Entre los beneficios de este sistema de votación remarcó además el hecho de que es sustentable con el ambiente.

También habló el cordobés Rodrigo De Loredo, del bloque Evolución Radical. Al igual que su coterráneo, destacó que se haya vuelto a trabajar y la existencia de un diálogo con el oficialismo para articular la sesión. Entre los atributos del sistema, De Loredo destacó “la autonomía del ciudadano a la hora de elegir a sus representantes” y subrayó que de 160 democracias en todo el mundo sólo 16 países, entre los que se encuentra la Argentina, aún no adoptan la boleta única para sus elecciones.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, expresó los argumentos del oficialismo para no acompañar la iniciativa.

“Entiendo la dinámica de la negociación política. Pero estoy en desacuerdo con cualquier intento de tratar reformas electorales sobre tablas, sin dictamen de comisión. Un tema de este calibre, ¿cómo se nos ocurre poder traerlo a un recinto sin despacho de comisión?”, señaló.

Luego, planteó dudas sobre las consecuencias de la BUP sobre el sistema de partidos, sobre sus costos reales y deslizó que promueve la “farandulización” de la política, es decir, la elección de candidatos “famosos” para que encabecen las listas (son los únicos visibles en la BUP).

Además, mostró una boleta a concejales de la ciudad de Rosario. “¿Realmente creemos que facilita la decisión ciudadana?”, dijo.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también había cuestionado la implementación de la Boleta Única y aseguró que “no es casualidad” que en Santa Fe, donde ya se implementó el sistema, los partidos empezaron a buscar candidatos famosos. Su discurso de llevó los aplausos del Frente de Todos. El bloque del FIT finalmente se abstuvo.

De esta manera, primero se discutirá el cambio en el régimen electoral y luego los proyectos de VIH, régimen incentivo a la construcción y acceso a la vivienda, y finalmente el proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo. Las tres iniciativas cuentan con amplio consenso para ser aprobadas.

Por su parte, el régimen de incentivo a la Construcción Federal apunta a promover el desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina. La iniciativa, impulsada por Sergio Massa y Cristian Ritondo, prevé beneficios tributarios para el sector de la construcción, entre ellos, el blanqueo de fondos en el exterior no declarados que se podrán repatriar para proyectos inmobiliarios a realizarse en el país. Desde el Congreso argumentaron que servirá también como “un puente al empleo” ya que los titulares de programas sociales que sean contratados por el sector de la construcción en el marco de proyectos alcanzados por el régimen podrán mantener los planes por 360 días.

El proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esta iniciativa se convertirá en ley ya que cuenta con su aprobación por parte del Senado.

Finalmente, llegará al recinto el proyecto de nueva ley de VIH, que establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.

Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.

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