El Ejército deberá entregarle tierras del Estado a los mapuches por un fallo judicial y las críticas a la medida no tardaron en llegar. “Legitiman a un grupo violento”, señalaron desde el arco opositor al respecto.
Sucede que el Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló fuera de término un fallo judicial que disponía la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas del Estado Nacional a una comunidad mapuche de Bariloche, y la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado.
El organismo nacional intentó revertir el fallo de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, que establecía la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a comunidad Millalonco Ranquehue. Ahora recurrirá a la Corte.
“La justicia legitima a un grupo violento y terrorista en lugar de defender los intereses de nuestro Ejército Nacional”, opinó ante esta situación el diputado nacional de Republicanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires. “Vivimos en el país del revés”, reflexionó a través de un posteo en su cuenta oficial en Twitter.
El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.
La Cámara que desestimó el planteo estatal, integrada por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, menciona que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo.
“Para un grupo de mapuches, Argentina es un Estado ocupante de sus territorios. A partir de esa premisa creen que tienen derechos de ocupación”, reflexionó también el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman.
“La soberanía de las tierras de nuestro país es del Estado Argentino —continuó el del dirigente del PRO—, no de un gobierno de turno que por mucho tiempo viene siendo funcional a los actos de violencia impartidos por un grupo de autodenominados mapuches”.
Luego, Milman apuntó de manera más directa al Poder Judicial. “Hoy la Justicia argentina falla a favor de reclamos de un grupo de violentos. ¿Ahora que va a salir a hacer la Justicia? ¿Responder a cada solicitud de tierras que se demande? Sumado a esto el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, apela fuera de los plazos dispuestos. Lo cual demuestra un desconocimiento total del funcionamiento del Estado por parte de esa jurisdicción”, completó.
Quien también se manifestó fue Yamil Santoro. “¿Querés que los mapuches que usurpan tierras sean tratados como los terroristas que son?”, planteó a modo de cuestionamiento en redes sociales el presidente de Republicanos Unidos CABA, al mismo tiempo que convocó a la gente a su espacio. “Hagamos juntos que se les termine la joda con todo el peso de la Ley”, comentó.
“Esta sentencia es un gravísimo paso dado para masificar las usurpaciones, las tomas, los incendios intencionales realizados bajo el paraguas de los pueblos originarios. A los ciudadanos les significa la completa orfandad de derechos ante una usurpación, porque si esto ocurre contra el Ejército Argentino ¿Qué le espera al resto de los ciudadanos?”, protestó Victoria Villarruel, diputada de Libertad Avanza.
Además de ese y otros cuestionamientos de empresarios locales, instituciones y organismos, diputados de la oposición fueron críticos con el fallo y pidieron que se dicte su nulidad.
A través de un proyecto de resolución que presentó el parlamentario Alberto Asseff, y que fue acompañado por Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein y José Núñez, entre otros, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial.
En sus fundamentos plantearon que era ilegítimo el otorgamiento de las tierras debido a que “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria”. En sus argumentos mencionaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial.
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