La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, avanzó este mes con la implementación del “Sistema Integral de Medios Públicos de Santa Cruz”, un dispositivo comunicacional que busca -entre sus distintas funciones- “cuidar y mejorar la imagen del gobierno”, darle un “perfil popular” a los medios locales y realizar un “seguimiento de la opinión pública” en las redes sociales.
El 25 de marzo pasado, Día del Trabajador de Prensa, la mandataria avanzó con la reglamentación de la estructura comunicacional santacruceña, en la que se fusiona la operatoria del Canal 9 y LU14, la radio local a cargo del Poder Ejecutivo, bajo la órbita de otros organismos: la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA Santa Cruz), el Consejo Asesor de los Medios Públicos Santacruceños (CAMPuS), y el Observatorio Provincial de Medios (OPM).
Según indicó el portal local Winfo, el dispositivo comunicacional que diseñó Alicia Kirchner supone la multiplicación de cargos en el Estado patagónico y la superposición de funciones, e implica la creación de un centenar de direcciones provinciales, direcciones generales, y departamentos.
El 1° de abril, Alicia Kirchner nombró oficialmente a una de esas cabezas de la flamante estructura, a partir de la creación de la Gerencia de Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales de la AMA, que quedó a cargo del dirigente de ATE, Alejandro Garzón. El referente gremial es una de los pocas jefaturas que se conoce por el momento, y que asumió en calidad de “ad honorem” porque “hay que dar el ejemplo”.
“He sido convocado por la Gobernadora Alicia Kirchner para asumir esta responsabilidad política. Me sumo a este equipo de gobierno con todos sus matices, porque somos el Frente de Todos”, sostuvo el sindicalista que en el pasado reciente protagonizó varias protestas contra el gobierno provincial.
De acuerdo a los documentos oficiales del organigrama, al que tuvo acceso Infobae, el esquema de comunicación del gobierno de Alicia Kirchner tiene algunos objetivos poco habituales y controversiales en este tipo de organismos, como “mejorar la imagen del gobierno” a través de los medios públicos de Santa Cruz, y realizar un seguimiento de la opinión pública en las redes sociales, como de las redes de los medios de comunicación y “de referentes de la provincia”.
Por otro lado, la normativa establece como misión de estos medios con sectores sociales a través de contenidos con un perfil “popular, igualitario, horizontal e inclusivo”. En esa línea, el decreto 0332/2022 dispone el registro de medios comunitarios y alternativos, para abordar contenidos “fuera de la agenda mediática”, y podrá crear medios locales en el ámbito de toda la provincia.
La estructura contará, además, con otras cuatro gerencias, con una importante burocracia administrativa que decenas de direcciones generales y provinciales: Administración, LU 14 Radio Provincia, LU 85 TV Canal 9, y Producción y Contenidos, tiene 3 Direcciones Provinciales; 8 Direcciones Generales; 7 Direcciones, y 3 Departamentos.
El sistema integral de medios públicos se sancionó en diciembre 2020, a través de un trámite exprés que demoró dos semanas, y no estuvo exento de polémicas.
La ley fue aprobada por mayoría con los votos del Frente de Todos, y tuvo fuertes críticas de la oposición, al considerar que consideró que ponía en peligro la libertad de expresión. Uno de los señalamientos apuntaba a que eliminaba el carácter de ente autárquico de LU85 TV Canal 9 y al actual directorio, que incluía la representación gremial y a la minoría política, además de que absorbió en la misma dependencia a LU14 Radio Provincia.
En ese contexto, la Fundación LED -Libertad de Expresión + Democracia- había manifestado su preocupación por la intención del Gobierno de Santa Cruz de crear un “Observatorio Provincial del Medios” en el marco de la ley para establecer un Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos.
Sobre ese punto, la organización civil advirtió sobre la permanente referencia a “temas sensibles” en el texto legislativo, sobre los que menciona que este concepto unido al de otros, como el de “comunidad afectada” habilita a los nuevos organismos a opinar y “actuar sobre los medios más allá de cualquier normativa legal vigente y contrariando el espíritu de nuestra Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales que la integran”.
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