El 6,7% de inflación de marzo, el índice más alto de los últimos 20 años, prendió las luces amarillas en el sindicalismo. Se esperaba una cifra alta del costo de vida, pero el número final, más la certeza de que se mantendrá en alza, condiciona las paritarias reabiertas e incluso algunas que se acaban de pactar y que ya quedaron lejos de niveles aceptables para los bolsillos de los trabajadores.
¿Logrará el Gobierno que las mejoras salariales no salgan de la franja del 50%-55% anual, como pretende el ministro Martín Guzmán? Parece difícil. El titular de Economía acordó a principios de mes con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) la reapertura de las paritarias para contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. A partir del elevado costo de vida de marzo, varias consultoras privadas estiman que en todo 2022 podría ubicarse en el 65 por ciento.
La presión salarial subió al máximo, como se preveía, con el 85% de aumento anual que pretende el Sindicato de Camioneros a partir de su reclamo de un bono de $20.000 en el sueldo básico, en sintonía con la mejora dispuesta para los empleados legislativos. La suma exigida compensaría el desfase que provocó la inflación en el aumento pactado en julio pasado: un 45% y un bono de $48.000. Para los empresarios, es “imposible de pagar”. Las negociaciones recién comienzan y el gremio de Hugo Moyano no quiere ceder un milímetro.
La Federación de Empleados de Comercio (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri, no quiere saber un bono y fue a la carga para conseguir un incremento del 24% para el período abril-junio. Es uno de los sindicatos que se plantó en el reclamo de pactar aumentos en forma trimestral para no perder ante la inflación. El convenio anual firmado en febrero fue del 54% sobre el básico de convenio.
En la Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, están más cerca de una medida de fuerza: se declararon en estado de alerta y movilización ante la negativa de las cámaras del sector al reclamo de un 60% de aumento. En 2021, el sindicato firmó un aumento del 51% mediante una mejora adicional del 8% que se acordó en diciembre pasado. Así, equipararon al 50,9% de la inflación del año pasado.
En la tanda de 26 sindicatos a los que el Gobierno convocó formalmente a rediscutir las paritarias, uno de los primeros fue la Federación Obrera de la Industria del Vestido (FONIVA), que esta semana cerró un acuerdo del 53,4% en dos tramos (30% de abril a junio y 23,4% de julio a octubre). Le siguió el Sindicato del Seguro, que conduce Jorge Sola, con un incremento del 37% desde abril hasta septiembre (con cláusula de revisión en este último mes), que le permitirá acumular un 46,6% en el período enero-septiembre.
Todavía está pendiente la reunión del Gobierno con los sindicatos estatales (UPCN y ATE), que reclamaron anticipar las negociaciones salariales que tenían que comenzar en mayo. El último acuerdo, firmado en agosto, contempló una mejora del 40% y en enero se pactó un 14% adicional, con lo cual se alcanzó un 54% anual. Los gremios ahora exigirían un 55% para 2022 y una cláusula de revisión semestral.
Entre el resto de las paritarias reabiertas, de acuerdo con la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo, se encuentran las de construcción, sanidad, gastronómicos, seguridad, maestranza, plásticos, pasteleros, alimentación y textiles.
La duda es qué pasará la semana próxima durante el congreso nacional de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que deliberá en Mar del Plata. La flamante conducción que lidera Abel Furlán podría tener su primer problema: el convenio anual se firmó hace apenas un mes (un 45% de aumento en tres tramos), pero hay seccionales que impulsan el pedido de reapertura de las paritarias. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la seccional Río Grande rechazó el 45% firmado a nivel nacional y realizó protestas para reclamar más.
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