Faltan apenas dos días para que se venza el plazo dispuesto por la Corte Suprema para la sanción de una nueva ley que reforme la composición del Consejo de la Magistratura. Como el Frente de Todos no tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado, desde Juntos por el Cambio presionan para que ambas Cámaras designen a los dos representantes que faltan para que el organismo pueda volver a su conformación original, antes de la reforma de 2006.
En ese marco, la UCR y el PRO elevaron hoy formalmente la presentación de los dos legisladores que ocuparán los cargos restantes -en representación de la oposición- a Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, y a Cristina Kirchner, presidenta del Senado.
Esta mañana el juez federal de Entre Ríos Daniel Edgardo Alonso notificó a CFK y a Massa que deben abstenerse de avanzar con las designaciones. Ayer, el magistrado del juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a una pre cautelar presentada por el diputado Marcelo Casaretto. Para decidir la cuestión de fondo, pidió un informe a las autoridades del Congreso “respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes”. Les dio un plazo de 5 días hábiles para contestar.
La oposición decidió ignorar este fallo porque considera que es simplemente una medida para ganar tiempo, dado que el juez es incompetente frente a lo que ordenó la Corte Suprema de la Nación.
“Es un traje hecho a medida del gobierno nacional y un absurdo jurídico que pretende, a través de un juez incompetente, modificar los efectos de una sentencia emitida por el máximo tribunal nacional”, explicó el diputado entrerriano Pedro Galimberti (UCR).
En esa línea, señaló que “llama la atención el trámite exprés que el juez Alonso le dio la presentación del diputado Casaretto, ya que solo en una horas dictó la cautelar”.
Minutos después de las 12, el titular del bloque radical en la Cámara baja, Mario Negri, presentó este mediodía una nota formal dirigida a Massa, con copia a la Corte Suprema y al Consejo, en la que propone a Roxana Reyes para ser designada.
“Toda vez que el Congreso no ha sancionado una nueva ley y a fin de evitar la paralización de un órgano tan vital para nuestra República, por medio de la presente le comunico que el bloque de la Unión Cívica Radical, bajo mi presidencia, ha decidido designar a la señora Dip. Roxana Reyes como consejera titular y al señor diputado Francisco Monti en calidad de suplente”, dice el texto.
En la Cámara alta, el senador del PRO Humberto Schiavoni hizo lo propio y propuso a Luis Juez (PRO-Córdoba) para que sea designado por Cristina Kirchner. El propio Schiavoni quedó como suplente.
“Agotado el plazo de 120 días dispuesto en el punto III de la sentencia de la CSJN recaída en los autos referidos sin que el Congreso de la Nación haya dictado una nueva ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura; a fin de dar efectivo cumplimiento a lo resuelto por nuestro máximo tribunal de justicia, corresponde a este cuerpo, y en particular al Bloque Frente PRO, designar a un nuevo consejero en representación del Senado, adicional a los tres senadores ya en funciones”, planteó.
Según el fallo del máximo tribunal, que anuló la conformación actual, antes del 15 de abril el Congreso debía sancionar otra ley para definir los integrantes del cuerpo y, de no hacerlo, se deberá volver a la de 1997, con 20 miembros y presidida por el titular de la Corte.
La principal diferencia entre el oficialismo y la oposición pasa por la inclusión de la Corte Suprema. El Frente de Todos presentó un proyecto -que obtuvo media sanción en el Senado- que dejaba afuera al máximo tribunal, mientras que Juntos por el Cambio hizo lo propio avalando que Horacio Rosatti esté al frente del cuerpo.
La ley de 1997 establece cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Para cumplir con la integración original, tanto Diputados como el Senado deben designar un legislador consejero por el bloque que representa la segunda minoría, que son el radicalismo en la Cámara baja y el PRO en la Cámara alta.
Previo a esto -y al fallo del juez de Paraná-, el kirchnerismo ya había avisado que desconocería la decisión de la Corte e intentaría bloquear la conformación del Consejo.
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