Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) será juzgado por la Justicia Federal por trasladar a una familia a la toma que la conflictiva comunidad mapuche sostiene desde 2017 en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.
El funcionario nacional, que escolta a Magdalena Odarda en la conducción del organismo de relevamiento mapuche, había sido retenido en un control que la Policía de Río Negro tenía en el acceso norte a Bariloche.
Conducía una camioneta Toyota Hilux que el gobierno rionegrino había puesto a disposición de la cartera nacional para avanzar con ese relevamiento territorial en la provincia.
La primera irregularidad que detectaron los uniformados fue que el vehículo transitaba durante el horario de restricción, en plena pandemia. Además, no contaba con el seguro obligatorio para poder conducir e incluso tenía el registro vencido.
En diálogo con los inspectores, Pilquimán admitió que trasladaba a una familia desde la Línea Sur hasta la ocupación mapuche, versión que incluso ratificaron los trabajadores municipales durante la etapa preliminar de la investigación.
No obstante, al notar la repercusión negativa que cobró el caso, cambió de versión y aportó otra información. Sin embargo, el expediente judicial ya estaba en pleno proceso.
La familia que trasladaba hasta la toma continuó viaje hasta Villa Mascardi en otro vehículo, que acudió en auxilio de Pilquimán quien, sin embargo, tuvo que resolver el contratiempo y recién a las 48 horas recuperó el rodado.
Durante el operativo, el referente mapuche “chapeó” – tal como figura en el acta de infracción – con el cargo que aún ostenta, aunque los trabajadores municipales se mantuvieron firme con la decisión de no dejarlo continuar.
La causa llegó a la Justicia Federal que en mayo de 2021 procesó a Pilquimán. El magistrado aseguró que el funcionario utilizó la camioneta Toyota Hilux en “exclusivo provecho propio, afectando negativamente los relevamientos territoriales que se debían realizar y para el cual estaba destinado”.
“Para el caso de haberse cumplido el relevamiento, correspondía su devolución”, mencionó el magistrado, aunque Pilquimán la utilizó para poblar el asentamiento mapuche: “Los funcionarios no pueden hacer uso discrecional de dinero o bienes que tienen a su disposición”, destaca el documento.
El vehículo que conducía el funcionario nacional pertenece al Ministerio de Gobierno de Río Negro aunque, en el marco del Convenio Específico de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, fue cedido por 20 días al INAI para realizar relevamientos territoriales de las comunidades mapuches Buenuleo, Maliqueo y Quijada.
Tres empleados del organismo nacional estaban autorizados a conducirla, aunque no Pilquimán, quien se la apropió y no la restituyó al gobierno rionegrino, que incluso trató de recuperarla a través de cartas documento.
La Cámara Federal, con asiento en General Roca, deberá ahora definir qué Juez tendrá a cargo el proceso judicial, en el que el funcionario nacional afrontará cargos por violar el artículo 260 del Código Penal por el delito correccional de malversación de caudales públicos. La pena establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.
El organismo que conducen Odarda y Pilquimán, al día siguiente del hecho, informaron que en realidad el funcionario estaba trasladando a la familia a realizar trámites en Bariloche.
En declaraciones mediáticas el imputado dijo que es algo habitual. “Llevamos alimentos, forrajes para los animales o medicamentos, y cuando volvemos siempre alguien te pide el favor de traerlo, son tiempos muy duros”, detalló. Sin embargo, esos traslados tampoco están contemplados en la misión que tiene el organismo, de relevar comunidades mapuches.
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