A la espera de Bienes Personales, el oficialismo definió un nuevo presidente en la comisión de Presupuesto del Senado

Tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, el Congreso ingresó en una nueva etapa de funcionamiento, con un escalón más de confrontación y paridad entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, faltaba algún movimiento de piezas que incidirán en el debate de los proyectos en danza, entre ellos, el de Bienes Personales.

Uno de los cambios pendientes está relacionado con la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que pasará a estar conducida por el senador Ricardo Guerra, del Frente de Todos. Este miércoles, el riojano quedó designado en el salón Illia del palacio legislativo como presidente del organismo parlamentario en reemplazo de su predecesor, el cordobés Carlos Caserio, quien no logró renovar su banca en los últimos comicios.

De estrecho vínculo con el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, Guerra tendrá como primera misión avanzar rápidamente con el tratamiento del proyecto que modifica el artículo 24 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, y que recibió media sanción este martes en la Cámara de Diputados, tras una convulsionada sesión que volvió a dividir aguas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El texto original de Bienes Personales provenía desde el Senado, con el apoyo unánime de todos los bloques que lo votaron a favor el pasado 28 de octubre. Pese a contar con el envión del oficialismo (el autor de la ley es el ex senador Caserio), con la campaña electoral se había frenado su tratamiento.

Dos meses después, a raíz de la presión de la oposición, la Cámara baja terminó aprobando la iniciativa, aunque sufrió algunas modificaciones durante el trámite. El proyecto, que eleva de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo, agrega un incremento a las alícuotas para los patrimonios superiores a $100 millones y para quienes declaren bienes en el exterior.

Para la oposición de JxC, el resultado del debate fue agridulce. La addenda impulsada por el diputado Itai Hagman (FpV) y apoyada por los cuatro legisladores del Frente de Izquierda (FIT-U), entre otros sectores, disparó críticas en la bancada, si bien se consiguió uno de los objetivos que era eximir a casi 500 mil personas del pago del tributo. Ese balance contradictorio quedó expuesto en las intervenciones de las últimas horas de varios de los legisladores de la oposición.

“Hace rato que no había un Congreso tan parejo. Hay que tomar nota que el Congreso está parejo y que cualquier error genera estas consecuencias. Se podría haber dado vuelta la historia de esta votación”, sostuvo en declaraciones a LN+ el senador Martín Lousteau, del bloque UCR-Evolución. Lousteau ahora deberá posicionarse sobre las modificaciones en la Cámara alta.

A raíz de esas nuevas modificaciones, ahora el proyecto de ley tendrá que volver a su cámara de origen para avanzar con su aprobación o rechazo definitivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, giró rápidamente este martes el texto con la media sanción.

De acuerdo el reglamento parlamentario, tienen que transcurrir 7 días para que el Senado pueda llevar la legislación al recinto. Los plazos importan. Para que la exención entre en vigencia, la ley tiene que ser aprobada antes del 31 de diciembre.

Esa es la tarea que tendrá, en primera medida, el senador Ricardo Guerra, desde el momento en que sea nombrado como primus inter pares de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde este miércoles, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, designará también al resto de los integrantes de ese cuerpo que mantendrá una mayoría oficialista, lo que pone en condiciones al Frente de Todos para avanzar en la firma del dictamen.

La comisión estará integrada por los senadores Juliana Di Tullio, Edgard Kueider, María Teresa González, Antonio Rodas, Anabel Sagasti, Mariano Recalde, Carlos “Camau” Espínola, Carlos Linares, Víctor Zimmermann, Julio Martínez, Flavio Fama, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Ignacio Torres, Juan Carlos Romero y Alberto Weretilneck, según se desprende del dictado por Cristina Kirchner.

Ricardo Guerra es contador público y magister en Relaciones Internacionales. Por más de una década ejerció como ministro de Economía de La Rioja, con el respaldo del gobernador Luis Beder Herrera. En 2018 renunció después de presentar una denuncia, que no prosperó, contra un funcionario de la gestión de Sergio Casas.

Aún con una importante trayectoria de gestión, Ricardo Guerra es un recién llegado al Congreso. Ingresó este año en reemplazo del ex presidente Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero de este año. Ese lugar le hubiese correspondido a la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, pero renunció a su banca para mantener su cargo en el gobierno provincial. Guerra ocupaba el tercer lugar en las boletas de las elecciones de 2017 y cumplirá mandato hasta 2023.

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