La Legislatura porteña debate los proyectos para construir torres en Costa Salguero y Costanera Sur

Asambleas vecinales y sectores opositores protestan frente al palacio legislativo

Asambleas vecinales y organizaciones políticas se movilizaron ante la Legislatura porteña para protestar contra los convenios urbanísticos de la Ciudad
Asambleas vecinales y organizaciones políticas se movilizaron ante la Legislatura porteña para protestar contra los convenios urbanísticos de la Ciudad

Pasadas las 12.30, la Legislatura porteña comenzó a debatir hoy los cuatro proyectos de ley que impulsa el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, entre los que se encuentra la rezonificación de Costa Salguero y el convenio con el grupo IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca.

Dos de las iniciativas generan polémica. La primera está vinculada al cambio de estatus jurídico de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco, ubicados en la Costanera norte, para habilitar allí la construcción de edificios, y la segunda refiere al acuerdo con IRSA para autorizar el desarrollo de un nuevo barrio en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicado en Costanera sur, el que tendría “torres de lujo” según denunció la oposición.

Ambos proyectos generaron críticas en la oposición y de un sector de la ciudadanía porteña. El rechazo a estos desarrollos urbanos fue una de las banderas del Frente de Todos de los últimos años, y se expresó en dos audiencias públicas en la que se expresó la negativa de la mayoría de los disertantes.

Otro de los proyectos que se trata en la Legislatura porteña incluía, en principio, 11 convenios urbanísticos, de los cuales finalmente se votarán 9. Cada uno de esos acuerdos fueron firmados por la administración de Rodríguez Larreta y varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida en parcelas de distintos barrios porteños.

El cuarto proyecto crea un “régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención al Código Urbanístico y al Código de Edificación”.

Según informó la agencia Télam, los proyectos que quedaron excluidos fueron los acuerdos que contemplaban los permisos para construir en los predios de la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano, donde estaba previsto una edificio de 53 metros; y el de la avenida Corrientes 3410, esquina Gallo, donde se iba a levantar un torre de 73 metros.

La sesión de este jueves tuvo color político. En las bancas del Frente de Izquierda, los diputados y diputadas colocaron carteles con la leyenda “CABA se vende” y una foto de Rodríguez Larreta con un martillo de martillero rematador. Mientras que en las bancas del Frente de Todos, en cambio, había carteles similares a los que coloca una famosa cadena de inmobiliarias en las propiedades de comercializan. La cartelería contenía la siguiente leyenda: “Vende. Zona Pro. Larreta remata la costanera”.

Mientras dentro del palacio legislativo transcurre la sesión, afuera y detrás de las vallas custodiadas por efectivos de la Policía de la Ciudad, tanto militantes del Frente de Todos como de las organizaciones que rechazan las propuestas inmobiliarias del gobierno porteño realizan una protesta desde las 10 de la mañana.

Además del peronismo porteño y aliados, entre los convocantes de la protesta se encuentran el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que agrupa a varias organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, La Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular, el Frente Territorial Salvador Herrera y La Defensoría de Laburantes.

Todas estas iniciativas -por incluir cambios en las normas urbanísticas- se enmarcan en las leyes de doble lectura, es decir aquellas que, para su aprobación definitiva, deben ser votadas dos veces en el recinto de sesiones, con la realización de una audiencia pública entre ambas votaciones. Este jueves se realiza la segunda instancia que avanzará con la sanción final.

El Poder Judicial también intervino en la controversia, con dos sentencias que resolvieron la inconstitucionalidad de la ley que habilitó la venta de Costa Salguero, la última a través de un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Los proyectos urbanos impulsados por el oficialismo porteño disponen, junto a la edificación inmobiliaria, la construcción de parques y plazas públicas, junto a la obligación de que los empresarios paguen al Estado porteño una compensación económica. Esas partidas irán a un Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable que financiará la reconversión de la zona de oficinas del microcentro porteño afectada por la pandemia.

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